La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) emitió una declaración en las últimas horas considerando que “hubo tortura y malos tratos” en el caso de la niña tucumana violada y obligada a ser madre contra su voluntad.

En esta línea, volvieron a pedir al Estado Nacional que garantice el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE), de acuerdo con la normativa vigente. Es decir, que haga cumplir el Código Penal, el mismo que en su artículo 86 explica que el aborto es legal si una mujer fue violada o su vida o su salud corren peligro.

“La no prestación de determinados servicios a mujeres y niñas en condiciones legales resulta discriminatoria, y las restricciones o prohibiciones absolutas en el acceso a la interrupción legal del embarazo pueden constituir tortura y malos tratos”, aseveraron.

“La demora injustificada en el acceso a la ILE por parte del Sistema Provincial de Salud y el Hospital del Este Eva Perón vulneró el derecho de la niña a la salud. Ambas instituciones estaban obligadas a garantizar a la niña la interrupción legal de su embarazo de acuerdo con la legislación en Argentina, desde el momento en que tanto la niña como su madre manifestaron expresamente su deseo de interrumpirlo”, agregaron.

Por último, recordaron que varios mecanismos internacionales -como el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) y el Comité contra la Tortura– realizaron recomendaciones específicas a la Argentina para que garantice el acceso a la ILE.

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