Pese a las evasivas de las autoridades en los últimos días, finalmente el gobierno de Sebastián Piñera reconoció que desde que se inició el estallido social y se decretó el despliegue de militares se produjeron “situaciones que involucran a las fuerzas del orden que parecen ser violaciones a los derechos humanos”.

Las palabras las pronunció nada más y nada menos que el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de ChileHernán Larraín, tras una reunión con representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Sergio Micco, director del INDH, añadió por su parte que en estas últimas dos semanas se han presentado “más querellas por torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes que durante todo el año 2018”.

De los cerca de 1.200 heridos registrados, 571 han sido heridos por armas de fuego, balas y por sobre todo perdigones. Las cifras hablan por sí solas. Es una situación de graves violaciones a los derechos humanos”, sentenció en torno al accionar de las fuerzas de seguridad.

Por último, César Marín de Amnistía Internacional advirtió que están especialmente preocupados por las “denuncias de tortura sexual, el uso excesivo de la fuerza patentado en las lesiones oculares” por perdigones y balines, y por supuesto “los fallecidos por la acción directa de militares y policías, el ejemplo más extremo de una respuesta inadecuada”.

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