La represión que tuvo lugar el miércoles durante el tratamiento de la “Ley Bases” en el Congreso de la Nación no terminó con los gases, los palos y las balas de goma: en una nueva escalada judicial y política, los manifestantes detenidos durante la movilización fueron trasladados a las unidades penales de Marcos Paz y Ezeiza.
La jueza federal María Servini de Cubría será quien defina la suerte de todos los aprehendidos en las últimas horas por los destrozos ocasionados en inmediaciones del edificio legislativo: según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, por el momento hay 33 personas detenidas e incluso estiman que “habrá más en la medida en que sean identificadas”.
A diferencia de lo sucedido en otras oportunidades, el fiscal Carlos Stornelli les imputó delitos graves, que van del “atentado y resistencia a la autoridad”, a “intimidación pública”, “atentado contra el orden constitucional y estragos”. Por todo esto, pidió que se les dicte la prisión preventiva ante la “gravedad de los hechos” amparándose en un “posible alzamiento en contra del orden constitucional y la vida democrática“.
Las autoridades confirmaron, además, que demandarán a los implicados por los costos del operativo, los cuales “están en proceso de determinación”. Y, a través de un comunicado, indicaron que son “ocho efectivos de la Policía Federal y cuatro de la Gendarmería Nacional” los que resultaron heridos.
Por su parte, familiares y amigos de los detenidos denunciaron que varios están “privados de su libertad sin pruebas vinculantes” y señalaron que “quienes se encuentran detenidos no estaban cometiendo ningún delito sino que, como se puede ver en todos los registros de video, se trata de vendedores ambulantes y civiles que se manifestaban de manera pacífica en las inmediaciones del Congreso Nacional”.