En el Día de los #DDHH, Memoria, verdad y justicia: a 30 años del Juicio a las Juntas Militares #LesaHumanidad https://t.co/doccJYF1pG
— CELS (@CELS_Argentina) diciembre 10, 2015
En estos últimos años, asistimos a la inédita convergencia de los reclamos de las organizaciones de derechos humanos con las políticas públicas de los tres poderes del Estado, que refuerza así sus obligaciones internacionales. Ante violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, el derecho internacional indica que el Estado está obligado a investigar, procesar y castigar a los responsables, esclarecer los hechos y revelar en la medida de lo posible las circunstancias que fueron su escenario. El derecho a la verdad está estrechamente unido, por lo tanto, al derecho a la justicia.
En nuestro país el proceso de justicia avanzó con las reglas procesales ordinarias, sin tribunales ni leyes especiales, y con la posibilidad de que imputados, víctimas y testigos sean escuchados por el tribunal. Los jueces condenan o absuelven en función de las pruebas aportadas a la causa. Así, fueron finalizados hasta la fecha 151 juicios y hay 399 causas activas. En total 650 personas fueron condenadas, 60 absueltas, 56 sobreseídas y a 199 se les dictó la falta de mérito porque las pruebas disponibles no eran suficientes para su procesamiento o sobreseimiento.
De 1120 personas detenidas, 435 cumplen arresto domiciliario. De los condenados, 109 se encuentran en libertad hasta que se confirme su sentencia. En 102 casos intervino la Corte Suprema de Justicia de la Nación –catorce no fueron apelados– y en todos confirmó la decisión de los tribunales de primera y segunda instancia. El máximo tribunal de justicia validó las condenas y las absoluciones, ratificando la constitucionalidad de las decisiones judiciales y, en términos generales, del proceso de justicia. La Corte declaró que estos juicios forman parte del contrato social de los argentinos y que continuarán con independencia de quien gobierne.
Este proceso de memoria, verdad y justicia, único en el mundo, no ha sido resultado de la inercia de las instituciones: ha sido posible por el involucramiento activo de la militancia social y de las distintas dependencias de los tres poderes del estado. Los avances han sido consecuencia de decisiones específicas, llevadas adelante por funcionarios comprometidos con los derechos humanos, que implicaron voluntad política, asignación de recursos de distinto tipo y un lugar prioritario en la agenda. Entre ellas, por ejemplo, la confluencia de todos los esfuerzos del Ministerio Público Fiscal en la Procuraduría de crímenes contra la humanidad, que coordinó y dio apoyo a los fiscales; el Programa de Verdad y Justicia que junto con la Secretaría de Derechos Humanos impulsaron las acciones del Poder Ejecutivo, y la creación en el Congreso de la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la dictadura.
Este tipo de compromiso estatal, que articula voluntad política y acciones concretas, es indispensable”.
