Pese al fallo de la Corte Surprema y una nueva orden judicial, el gobierno de Macri – y, por ende, la petrolera YPF – se niegan a dar a conocer las cláusulas secretas del acuerdo con Chevron.
“Previo análisis y decisión por parte de su nuevo Directorio y en salvaguarda del interés público y el de sus accionistas (públicos y privados), decidió recurrir la resolución emitida por el juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7 por la cual se dispuso la entrega, sin más, del contrato con Chevron”, señaló el directorio de la petrolera YPF a través de un comunicado de prensa.
“La resolución del juzgado no tuvo en cuenta el pedido de audiencia que efectuó YPF y no estableció recaudos que impidan la divulgación a terceras partes ajenas al proceso -empresas competidoras y otros actores- de información con claro valor geológico, comercial, técnico e industrial”, añadieron.
“La ausencia de dichos recaudos, previstos en el régimen de Acceso a la Información Pública, coloca a YPF en una situación de desventaja competitiva con consecuencias adversas para el desarrollo de Loma Campana y futuros proyectos de la compañía”, esgrimieron luego.
En los últimos días, la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, María Cristina Carrión de Lorenzo, ordenó que se haga público el contrato completo – con las cláusulas secretas incluidas – entre las petroleras.
Ya en un fallo del 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había instado a la petrolera a que dé a conocer la totalidad de lo firmado: “Este derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y -considerar si se está dando un adecuado cumplimiento a las funciones públicas. La información no pertenece al Estado sino que es del pueblo de la Nación Argentina”.
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— Diario de BA (@diariodeBA) 14 de marzo de 2016
En febrero de este año, YPF entregó una copia del acuerdo pero con tachaduras en las cláusulas confidenciales alegando que su conocimiento público dañaría seriamente a la empresa y sus compromisos.
La semana pasada, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, justificó la decisión luego de haber criticado la confidencialidad del acuerdo durante meses: “Revelarlas sería como pedirle a Coca-Cola que haga pública su fórmula. El daño irreparable que le puede generar a YPF, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, podría ser grave”.
Desde la firma del acuerdo en 2013, y rubricado bajo la bandera de la “soberanía energética”, organizaciones sociales, políticas y medioambientales han denunciado el hecho de haber realizado un pacto comercial con una de las compañías más cuestionadas por violaciones a los derechos humanos, colectivos y ambientales en el mundo.
