La diputada Elisa Carrió denunció un “acuerdo secreto” entre el bloque de “Cambiemos” – que ella misma integra – y el Frente para la Victoria (FPV).
La legisladora (CC – ARI) señaló que lo que se busca es que no se consulte a Susana Malcorra por los casos de abuso de niños en la República Centroafricana realizados por miembros de los equipos de paz y agentes enviados por la ONU. “En 20 años no he participado de ningún acuerdo de silencio, ni cuando estaba en la Unión Cívica Radical ni en la Coalición Cívica”, disparó en la sesión.
En medio de sus renovados intentos para postularse a secretaria general de la ONU, Susana Malcorra vuelve a sufrir el acecho de fantasmas del pasado.
? Susana Malcorra, la ONU y las denuncias sobre violaciones de chicos en el centro de Áfricahttps://t.co/cHeEc4uqcn pic.twitter.com/rdc7bbvktG
— Diario BA (@diariodeBA) 15 de junio de 2016
“Las primeras quejas, realizadas en 2014, fueron pasadas de escritorio a escritorio por las distintas oficinas de las Naciones Unidas sin que nadie se dignara a tomar algún tipo de responsabilidad sobre ellas”, señaló Kompass. “Hay una falla institucional grosera. Ya no puedo trabajar con una organización irresponsable”, sentenció.
Junto al secretario general, Ban Ki-Moon, la actual canciller argentina, Susana Malcorra, fue una de las más criticadas por los informes denunciantes. La funcionaria del gobierno de Mauricio Macri era una de las personas más cercanas al máximo dirigente de la ONU: un panel de expertos que tomó el caso apuntó duramente contra ella en un reporte que, de todos modos, salió a la luz cuando ya había abandonado su puesto.
Según el informe, las Naciones Unidas taparon y cubrieron “sistemáticamente” el abuso y el sometimiento de niños y jóvenes hambrientos y sin hogar: especialmente se apunta contra las tropas de paz francesas que tenían que cuidar y proteger a la gente desplazada de Bangui, la capital del país.
“La ONU sigue diciendo que su política es de ‘cero tolerancia’ pero lo que realmente vemos es todo lo contrario: la negación de la vulneración de derechos de mujeres y chicos que son abusados por los agentes de paz. Una política de darle impunidad a los abusadores”, sentenciaron.
