Los abogados de la líder de la Tupac Amaru fueron duros con los jueges luego de otra sentencia en su contra por protestar a fines del año pasado en la plaza Belgrano de Jujuy.

Al igual que la reacción que tuvo el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) por la condena a tres años de prisión en suspenso por un “escrache”, los abogados de la dirigente social cuestionaron con dureza la nueva sentencia que le dictaron por organizar un “acampe”.

“Tiene un marcado tinte político, como no podía ser de otra forma, en tanto fue adoptada por un empleado de Gerardo Morales”, señaló el letrado Luis Paz en referencia al juez Matías Ustarez Carrillo. “La sentencia es un intento de proscripción social que recuerda a la Revolución Libertadora. Es otro avance más sobre todos los actos represivos llevados adelante por este gobierno provincial contra la clase trabajadora este año”, agregó.

“Morales está tratando de hacerle a la organizacion barrial lo mismo que le hicieron los Españoles a Tupac Amaru. Utiliza no solo al Poder Judicial sino también a órganos cuasi judiciales que ha creado dentro del Poder Ejecutivo. Ninguno de los funcionarios designados por el contador está dispuesto a respetar la Constitución y los limites que este sistema de garantías le impone no solamente a los gobernados sino también a los gobernantes”, señaló, por su parte, el abogado Ariel Ruarte.

“Ni Morales ni sus funcionarios están respetando los límites y están avanzando sobre los derechos más importantes de la sociedad. Pero particularmente a la Tupac Amaru y a Milagro Sala se le aplica el derecho penal del enemigo, no se les respeta ningún derecho constitucional, no han podido demostrar ninguna vinculación entre la persona jurídica y el acampe. Sin embargo han podido desplegar toda la sanción violenta en contra de ella. Y no han podido avanzar con la restricción de la libertad de Milagro Sala porque iba a quedar muy notorio el hecho de que por la misma base fáctica ya estuvo privada de su libertad por 10 días. Vamos a demostrar la ilegalidad, la inconstitucionalidad y la ilegitimidad de la decisión de este juez administrativo”, sentenció.

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