El jefe de Gabinete, Marcos Peña, firmó una serie de “Decisiones Adminsitrativas” para redireccionar fondos que estaban conteplados en el Presupuesto 2017.

El gobierno de Mauricio Macri introdujo a último momento cambios presupuestarios que ahondaron un poco más el déficit fiscal y podaron los recursos de áreas sensibles en ministerios clave.

Por un lado, se decidió autorizar al Tesoro Nacional para hacer frente al pago de vencimientos de la deuda pública por $110.206 millones a través de la DA 1602. Como en su haber disponía de recursos adicionales por $9.345 millones, el déficit creció por las nubes.

En la segunda resolución importante, la DA 1587, las autoridades dispusieron un plan de ajuste para casi todos los ministerios, a excepción del que conduce Juan José Aranguren: a él se le autorizó un incremento de su partida presupuestaria del último año en $30.645 millones para que pueda ejecutar las “Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión”.

Sin embargo, la quita de recursos a algunos sectores darán que hablar: al Ministerio del Interior y Obras Públicas, a cargo de Rogelio Frigerio, se le recortaron $3.162 millones que estaban destinados a “Acciones para Más Escuelas, Mejor Educación”, con asistencia del BID.

El Ministerio de Educación, sumido en una crisis tras el despido de miles de trabajadores estatales, también sufrió una sangría importante de recursos: le sacaron $3.031 millones que estaban destinados para el Programa “Mejoramiento de la Calidad Educativa”.

El Ministerio de Transporte, de Guillermo Dietrich, perdió $2.597 millones para “Obras en corredores viales” y el Tesoro Nacional $5.497 millones que tenía previsto para planes de asistencia social. Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Social sufrió la baja de $466 millones y el Ministerio de Salud se quedó sin $24 millones para el Desarrollo de Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria.

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