El mes de marzo terminó con un baldazo de agua fría para los usuarios: el gobierno anunció que, desde abril, las facturas de gas vendrán con un incremento promedio del 32% y que la mayoría de la población pagará, en realidad, un 40% más que antes.
Esta semana, el Centro de Estudios para la promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) solicitó a la Justicia frenar el “tarifazo” de gas mediante un amparo contra el Ministerio de Energía y el Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE).
? Otro golpe más al bolsillo: Juan José Aranguren anunció que el aumento en la tarifa del gas rondará el 40% https://t.co/Skc0DpgY3r pic.twitter.com/feFmwBTIpg
— Diario BA (@diariodeBA) 28 de marzo de 2018
Según la ONG, “se trata de un aumento inconstitucional” ya que que “anticiparon un mes la aplicación del aumento del 40% en la tarifa de gas natural por redes” teniendo en cuenta que “la normativa vigente establece que el nuevo cuadro tarifario recién se puede aplicar a partir del 1° de mayo de 2018. De modo tal que si se aplicara desde el 1° de abril afectaría los derechos constitucionales de los ciudadanos”.
En esta línea, desde el CEPIS solicitaron “al ENARGAS, dependiente del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, que proceda a aplicar los nuevos cuadros tarifarios a partir del mes de mayo del corriente año, hasta tanto se dicte sentencia de fondo en los presentes obrados”.
Uno de los cuestionamientos centrales radica en la imposibilidad, por parte del Poder Ejecutivo, de que mediante una simple nota que ni siquiera fue publicada en el Boletín Oficial, se pretenda derogar el cronograma establecido en el marco regulatorio del Gas Natural, aprobado por el decreto 2255/92.
- Fuente: Letra “P” y CEPIS
