Hace poco más de una semana atrás, 14 operarios de Villarrex S.A, empresa contratada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, realizaba una demolición en la Villa 31 Bis, llamada Barrio “Padre Carlos Mugica”, cuando cometieron un “error” debajo de la Autopista Illia tirando más de 20 viviendas y afectando a otras muchas más.
Como si esto fuera poco, luego se desató un incendio que contribuyó al pánico y la angustia generalizada: los vecinos y las vecinas denunciaron rápidamente que ni siquiera fueron avisados -como corresponde- de que iban a trabajar en la zona.
Luego de diez días de dormir en la calle sin respuestas concretas por parte de la administración de Horacio Rodríguez Larreta, las familias que perdieron o vieron afectadas sus viviendas consiguieron una medida cautelar del juez Andrés Gallardo que le ordena a la administración porteña una serie de puntos:
- La reconstrucción de las casas.
- Que entregue en 24 horas un plan de emergencia habitacional para el período de transición y que no sean subsidios o paradores nocturnos.
- Que ponga consigna policial las 24 horas donde la gente todavía tiene sus pertenencias porque temen que se las roben.
- Que retiren los escombros y residuos y que garantice las necesidades de higiene, salubridad y alimentación.
“Las circunstancias descriptas en la demanda se encuentran ratificadas por las constancias documentales acompañadas, que exponen en conjunto una grave situación de vulnerabilidad habitacional que pone en grave riesgo la vida y la salud de los grupos familiares involucrados”, sostuvo el magistrado en la cautelar.
