La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró este martes la inconstitucionalidad de la reforma laboral que busca llevar adelante el gobierno de Javier Milei a través del “mega DNU” 70/23.

El apartado de “Trabajo” del decreto había sido judicializado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Justicia había dado lugar al recurso de amparo, dejando sin efecto la aplicación de esa parte del decreto.

En el fallo, al que se puede acceder acá, los camaristas Manuel Diez Selva, Héctor Guisado y Mario Fera resolvieron “declarar la invalidez constitucional del Título IV (artículos 53 a 97) del DNU 70/2024, por ser contrario al art. 99, inc. 3º, de la Constitución Nacional“, que establece que el Poder Ejecutivo no tiene la competencia para emitir disposiciones de carácter legislativo.

En esta línea, subrayaron que “la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace en condiciones de rigurosa excepcionalidad” y siempre y cuando “la norma no regule materia penal, tributaria, electoral o del régimen de partidos políticos, y que exista un estado de necesidad y urgencia”.

No se registraba impedimento para la reunión de las cámaras del Congreso, e incluso el 27 de diciembre de 2023, es decir, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del DNU 70/2023, el órgano legislativo se encontraba convocado, en funciones, y con facultades para examinar el contenido de las reformas propiciadas en dicho DNU“, afirmaron luego los jueces.

Y remataron: “El principio que organiza el funcionamiento del estatuto del Poder del Estado es, precisamente, la división de funciones y el control recíproco, esquema que no ha sido modificado por la reforma constitucional de 1994. Así, el Congreso Nacional tiene la función legislativa, el Poder Ejecutivo dispone del reglamento, y el Poder Judicial dicta sentencias, con la eminente atribución de ejercer el control de constitucionalidad de las normas jurídicas”.

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