El pasado 6 de Diciembre, la Cámara Civil y Comercial extendió la vigencia de la medida cautelar solicitada por el grupo Clarin, en la causa por la constitucionalidad de los artículos 41, 45, 48 (segundo párrafo) y 161 de la Ley de Medios. Los magistrados concluyeron que la cautelar continuará vigente hasta que se dictaminé si dichos artículos son o no constitucionales; desbaratando, de esta manera, el “7D”, anunciado hasta el hartazgo en medios oficiales y denunciado hasta las lágrimas por el grupo Clarín.
Tras conocer el fallo de la Cámara Civil y Comercial, el pasado viernes el Gobierno presentó en la justicia un “per saltum”, con la esperanza de que se lo habilite a poder actuar de oficio frente a las licencias de Clarín, tal como lo había planeado para el famoso “7D”.
Sin embargo, por la tarde del Lunes 10 de Diciembre, la Corte Suprema de Justicia rechazó el “per saltum” al considerarlo “improcedente”. Hasta este momento, el Poder Ejecutivo ha sido frenado por la Justicia, a la espera de que se resuelva la “cuestión de fondo” de la causa, donde se debe expedir el juez Horacio Alfonso.
El martes 11 de Diciembre, Fernando Uriarte, fiscal del caso, consideró constitucionales a los dos artículos que rechaza el grupo Clarín. En este sentido, el fiscal concluyó que la normativa “no conculca los derechos constitucionales de propiedad y de comercio del Grupo Clarín” solicitó a Alfonso que desestime el planteo de inconstitucionalidad. En perspectiva, y a mediano plazo, resulta casi inevitable que el fallo último por parte de Horacio Alfonso valide la constitucionalidad de los artículos resistidos por Clarín. El único tema reside en ver si, cuando se ratifique la constitucionalidad de la ley, Clarín tendrá o no el plazo de un año para su adecuación a la misma.
En medio de vericuetos legales y chicanas, resulta importante subrayar que a tres años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual muchos de sus artículos aún no son aplicados, ni se ha concretado o avanzado en la democratización y desconcentración de los medios monopólicos y sus señales. Ni siquiera se ha avanzado en el otorgamiento estipulado por la ley del 33% de las licencias para medios sin fines de lucros.
Con este panorama, y siguiendo a Martín Becerra (especialista en medios e investigador del CONICET), “es tan inexacto afirmar que todo cambiará como pretender que el sistema de medios quedará inalterado”.
Por una parte, parece prácticamente irreversible la pérdida de protagonismo y dominio ejercido por el grupo Clarín en las décadas pasadas; al mismo tiempo que desde el Estado, que intenta erigirse como emisor con potencia y operador audiovisual, se estimulan distintas políticas activas que incluso, en algunos casos, contravienen a la misma Ley de Medios. Ejemplo de ello, es la continua inyección de recursos estatales, en la mayoría de los casos camuflada como pauta publicitaria, en grupos empresariales afines al gobierno, como es el caso de Vila-Manzano, “Indalo” de Cristóbal Lopez o el grupo de Sergio Spolzki. El crecimiento y ascenso de estos grupos, en medio de nuevas correlaciones de fuerzas empresariales, sumado al nuevo impulso que ha tomado el Estado en materia audiovisual (“Futbol para todos” y “Televisión digital terrestre (TDT)”, por ejemplo) , modifican lentamente el panorama de medios argentinos en detrimento del poderío del grupo Clarín. Sin embargo, todos estos movimientos no tienen necesariamente su base o su razón en la ley, aunque la interpelen.
Por otro lado, y a pesar de que desde el oficialismo se arguye que se espera a que Clarín se adecúe a la ley para iniciar la desconcentración de todos los grupos; tanto la misma ley como sus reglamentaciones configuran un conjunto ambiguo que, en palabras del mismo titular del AFSCA, Martín Sabbatella, permitiría a los grupos concentrados a desagregarse entre accionistas y allegados, separando directorios, formando empresas que tengan una apariencia de desconexión entre sí; en función de cumplir formalmente los requisitos de la ley. Compra y venta de licencias entre empresarios, vencimientos de 3 a 4 años y absorciones formales; la misma lógica comercial continuará prevaleciendo y se mantendrá intacta. De la democratización y diversidad de voces ni noticias.
La ausencia de políticas económicas claras que permitan sostener y apoyar la – ¿ansiada? – diversidad de la que tanto se habla, la falta de planificación y oscuridad en torno al reparto de los recursos estatales, el mantenimiento de la precarización laboral que sufren periodista y pasantes de todos los medios, el nulo otorgamiento de licencias a medios comunitarios y sin fines de lucro, la distribución escandalosa de la pauta publicitaria estatal (y también privada) sumado a la primacía de la lógica de mercado; no son demasiado auspiciosas para notar un cambio en este sentido.
Vale la pena mencionar el caso, por ejemplo, de Darío Aranda, periodista de “Página 12”, censurado en dicho diario, por escribir y tocar temas en torno a problemas campesinos, extractivismo e indígenas, siempre cubriendo desde el lugar de los hechos. Aranda pasó de publicar de 4 a 6 notas por mes, incluidas tapas y dobles páginas, a que se le fijen topes de dos notas por mes, sin ningún tipo de argumento o justificación; y, sumado a esto, recientemente el diario le censuró dos notas más.
Parece que, entonces, deberemos aceptar, y resignarnos, a que continúe el silencio de los grandes medios (sean de Clarín, del Gobierno, de Spolzki, etc) en torno a temas cómo, por ejemplo, el continuo hostigamiento y asesinato a los Qom en la Provincia de Formosa por parte de Insfrán y Gendarmería, las luchas y movilizaciones anti-mineras en todas partes del país; entre cientos de noticias que escapan adrede de las agendas de los grandes multimedios.
