En el marco de una investigación, la Justicia analiza un pedido de embargo por alrededor de 800 millones de pesos al grupo Clarín, debido a un aumento patrimonial de las máximas autoridades del grupo con un supuesto fraude a los jubilados cuando administraba fondos provisionales.
La Justicia analiza un pedido de embargo por alrededor de $800 millones, tras una investigación realizada al Grupo Clarín por el aumento patrimonial de las máximas autoridades con un supuesto fraude a los jubilados cuando administraba fondos previsionales.
La causa es por lavado de dinero que comenzó por una serie de reportes de operaciones sospechosas generados por el Banco Central de la República Argentina y por la AFIP, y cuyo análisis fue realizado por la Unidad de Información Financiera que luego pasó a la procuraduría antilavado, que la derivó de otra causa anterior.
De este modo , estos reportes serían la primera prueba concreta del destino que pudo haber tenido el dinero obtenido en la colocación de acciones del año 2007, cuando el Grupo Clarín fue denunciado por participar de una maniobra para defraudar a las AFJP a través de la compra compulsiva de sus acciones con fondos previsionales.
A su vez en estos últimos meses, otra investigación periodística, el fiscal federal Miguel Angel Osorio, recibió nueva evidencia para apoyar el expediente que llevaba adelante por operaciones por 8 millones de dólares vinculadas a otra firma del multimedios radicada en Delaware, Estados Unidos.
El 11 de junio de 2011, la AFIP hizo el reporte 6.938 vinculado con la firma GC Dominio SA y contra sus socios y directores, Ernestina Herrera de Noble, José Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro. La operación sospechosa consistió en la transferencia de $3.053.784, desde el Banco Mariva base operativa del Grupo con destino al First Overseas Bank Limited, en la guarida fiscal de Nassau, en Bahamas.
