Quince días atrás, María Belén Morán se cansó de que su pareja la traté con violencia y se fue de la casa en la que ambos convivían junto con su pequeña hija de 4 años.
Tras llevar sus pertenencias a la casa de su madre, la joven se acercó a la “Comisaría de la Mujer” para pedir ayuda: Alberto Sebastián Moreno, su flamante ex pareja, siguió amenazándola e, incluso, se mudó a 150 metros de su nuevo hogar.
Pese a conseguir la orden de restricción – increíblemente, la medida establecía que Moreno no se le acerque a 500 metros de distancia pese a que vivía a una cuadra y media – la mujer de 24 años tenía miedo de que no fuera suficiente.
Y no lo fue: el miércoles 29 de julio, María Belén salió a las nueve de la mañana de su casa camino al Juzgado de Familia n°1 de Pilar a ratificar que su ex pareja no cumplía con la restricción. Unas calles más adelante, Moreno la estaba esperando: la Policía Científica contó múltiples puñaladas en su cuello, torso, manos, brazos y otras zonas de su cuerpo.
La orden de restricción que apareció junto al cadáver de Belen: la jueza Raquel Conde tiene que dar explicaciones pic.twitter.com/Pz2x4pZ0GB
— Claudia Acuña (@muclaudia) julio 30, 2015
Una vecina que vió cómo la golpeaba, llamó a la policía y le gritó para que deje de hacerlo. El femicida salió disparado en bicicleta y aún continúa prófugo.
Una vez más, el rol de la Justicia y el Estado vuelve a ponerse en tela de juicio: ¿de qué sirve un papel firmado si nadie garantiza su cumplimiento? ¿Para qué le sirvió a Belén la denuncia en la “Comisaría de la Mujer” si cuando los vecinos llamaron al destacamento policial Manzanares para denunciar lo que estaba sucediendo ni siquiera los atendieron?
Luego de que el juez Walter Saettone libró la orden de captura nacional, y 48 horas después de su asesinato, la Jefatura Departamental de Pilar tenía destinados alrededor de 250 efectivos en los diversos procedimientos destinados a lograr su detención.
El último domingo, Moreno fue detenido en las calles Zeballos y Mansilla, del barrio Villa Verde, a pocas cuadras de la estación ferroviaria de la línea Urquiza.
El sujeto fue indagado días más tarde en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género de Pilar por la fiscal titular, Carolina Carballido. No obstante esto, se negó a declarar.
Fuente: InfoJus y Diario Regional de Pilar
