Tal como sucedió entre fines de diciembre y principios de enero, el gobierno decidió dar luz verde al despido de miles de trabajadores estatales.
La vicepresidenta Gabriela Michetti dispuso, a través del decreto presidencial 107/2016, el despido de casi 400 empleados del Senado. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) explicaron que la mayoría de los trabajadores se encontraban bajo el régimen de planta transitoria pero que, pese a ello, llevaban años trabajando en la Cámara Alta.
A fines de la semana pasada, un grupo de empleados del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) fueron notificados de su despido vía mail. A modo de protesta, los 70 trabajadores que se quedaron sin empleo decidieron tomar la sede central del organismo y prometieron “medidas similares” en todas las delegaciones del país en caso de que no haya marcha atrás.
En lo que va del mes de marzo, más de 800 empleados estatales fueron cesanteados en la planta atómica Atucha III, en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y en la ANSES.
200 trabajadores de la Secretaría de Comercio se sumaron a la nómina de desempleados: fueron notificados el último miércoles de la decisión de ser removidos de sus cargos por sus jefes. Pese a que aún no han recibido notificación formal, los despedidos estaban asignados a los programas Precios Cuidados, Consumo Protegido, y en las áreas de Lealtad Comercial, Defensa de la Competencia y Comercio Exterior.
Para culminar la semana, denunciaron que el Ministerio de Educación confirmó la cesantía de los setenta trabajadores del programa “Conectar Igualdad”. “No sabemos qué va a pasar con el programa pero lo que sabemos es que no quedó ningún trabajador vinculado al programa nacional”, explicó Javier Castrillo, coordinador de investigación y desarrollo del “Conectar Igualdad, a Página 12.
Sin embargo, a través de un comunicado de prensa, el ministerio de Esteban Bullrich lo negó: “Hoy en día trabajan y lo seguirán haciendo 1.500 personas en todo el país en el Programa Conectar Igualdad”.
Las autoridades gubernamentales revelaron que actualmente se encuentran “analizando 25.000 contratos” de trabajadores estatales por lo que se estima que la cifra de despedidos y desplazados de sus cargos podría aumentar con el correr de los días.
