Las muertes de trabajadores migrantes se suceden en las tierras qataríes mientras se erigen los estadios que albergarán el Mundial del 2022.
A fines del 2015, y en medio de un gigantesco escándalo de corrupción que sacudió sus cimientos, la FIFA confirmó la fecha en que se jugará el controvertido Mundial de Qatar 2022: del 21 de noviembre al 18 de diciembre.
Más allá del cambio de fecha por el calor que hace en los meses de junio y julio, la designación de ese lugar para albergar el torneo más importante de fútbol del mundo viene generando polémica e indignación.
Ya no importa el modo en que las autoridades qataríes consiguieron el avala de la FIFA ni las prebendas que recibieron a cambio los máximos dirigentes del organismo: lo que está en juego es la vida de miles de trabajadores y sus derechos.
“Es obvio que la FIFA no puede imponer leyes de derechos humanos en los países pero sí puede exigir que se cumplan amenazando con retirar el beneficio de que se dispute allí el torneo. Hay que tomar decisiones duras”, aseguró John Ruggie, profesor de Harvard encargado de analizar el caso del Mundial de Qatar, al diario inglés The Guardian.
“El supuesto cambio fundacional del organismo tiene que ir más allá de las palabras y añadir nuevas funciones administrativas. El cambio tiene que afectar todo lo que hace la FIFA y cómo lo hace. En esta línea, debería incluir a los derechos humanos como uno de los criterios para evaluar la capacidad de un país para alojar el torneo y que se vuelva un factor sustancial a la hora de tomar la decisión”, agregó con dureza.
Tan solo entre junio y agosto de 2015, alrededor de 44 trabajadores nepaleses murieron en la construcción de algunos de los estadios que alojarán los partidos de la Copa del Mundo.
“Se ha hecho muy poco para parar con el abuso hacia los trabajadores migrantes y extranjeros. El retraso de las reformas laborales prometidas por Qatar es una receta perfecta para que se produzca un desastre en lo que a los derechos humanos respecta”, advirtió en ese entonces Mustafa Qadri, uno de los investigadores de Amnistía Internacional (AI).
“Todos los amantes del fútbol que visiten Qatar en el 2022 deberían preguntarse a sí mismos si no están seguros de estar beneficiándose de la sangre, el sudor y las lágrimas de los trabajadores migrantes”, remató.
En marzo de 2016, Aministía Internacional denunció, además, que los estadios “se construyen con trabajo forzado y trabajadores cobrando la mitad de lo que les habían prometido”. Entre las canchas que se están erigiendo, el organismo apuntó especialmente contra el estadio Khalifa, en Doha, y la “Aspire Zone”, un complejo deportivo de alto rendimiento dirigido por el ex presidente del Barcelona, Sandro Rosell.
