En medio de movilizaciones a favor y en contra de Rousseff, el “impeachment” de la primera mandataria pasó la Cámara de Diputados y todo se definirá en el Senado.
Los dilemas y las ambiguedades están a la vista: casi todos los sectores políticos reconocen la “honestidad” de Dilma Rousseff pero al mismo tiempo es la cabeza más visible de un partido atravesado por la corrupción y las causas judiciales; forma parte de un espacio que buscó reducir drásticamente la pobreza en Brasil pero ahora surfea la ola de una de las crisis económicas más importantes de las últimas décadas.
Más allá de estas cuestiones, la discusión en torno a si se trata de un golpe de estado o de un recurso constitucional válido termina por empalidecer una discusión de fondo que se revela más importante: un análisis de los errores políticos y económicos del PT a lo largo de los últimos años, las alianzas que construyeron, la avaricia con la que se manejaron muchos de sus funcionarios; así como también el “modelo de país” que busca implementar la oposición a Rousseff mediante su destitución o cualquier otro argumento que encuentran: buscan la vuelta al libre comercio y la entrada masiva de capitales extranjeros.
Avanza el juicio político a Dilma Rousseff: el Senado debe definir el “impeachment” | https://t.co/mTbCexZJja pic.twitter.com/1y7OQRqzM5
— Diario BA (@diariodeBA) 18 de abril de 2016
Según el periodista Marcelo Falak, “desde el mismo día de su triunfo electoral en octubre de 2014, la oposición derrotada impugnó el recuento, acudió al TSE para anular el resultado e impulsó el juicio político por el ‘petrolão’ y por el maquillaje fiscal”.
“Siempre quedó la sensación de que se buscaba apartarla por cualquier vía y que solo se trataba de encontrar una viable. Y que el fondo real de los cuestionamientos eran el desmanejo económico y un estado alarmante de corrupción. Basta entonces de justificaciones: Rousseff, a quien hasta sus mayores críticos consideran personalmente honesta, paga también por sus propios pecados, por los de Lula y los del Partido de los Trabajadores”.
“Lo que vemos, difícilmente puede considerarse un golpe; es un juicio político. Y la política, siempre sinuosa, sanciona a un Gobierno que nunca tuvo mayoría propia en el Congreso sino que la logró, durante años, a fuerza de negociaciones limpias y de las otras. Esa compra de lealtades, que ya se ve cuán volubles son, es la historia lamentable que fue del ‘mensalão’ al ‘petrolão’. El PT no inventó la corrupción en Brasil, pero se la apropió al llegar al poder para sostenerse”, afirmó en su blog el jefe de la sección “Internacionales” de Ámbito Financiero.
Quienes afirman sin medias tintas de que se trata de un golpe de estado apelan a los claros ejemplos de Paraguay y Honduras: con distintos argumentos pero mediante el mismo mecanismo jurídico-político, se terminó en ambos países con presidencias elegidas a través del voto popular.
“La mandataria recibe ataques mediáticos de tipo machista. Es el caso de la revista Istoé, que en un reportaje de tapa retrató a Dilma como desequilibrada, comparándola con María I, conocida como ‘la Loca’, reina de Portugal. (…) Si de algo sirvió el espectáculo en el pleno de Diputados de ayer fue para ver a una mayoría de varones reaccionarios haciendo alusiones a Dios o al padre, y hasta uno de ellos votó ‘por los torturadores de Dilma Rousseff’. No parece casual que en ese Congreso se haya avanzado con la destitución de la primera mujer presidenta de Brasil”, apuntó Mercedes López San Miguel en una columna en Página|12.
Por otro lado, Paulo Moreira Leite lo calificó como “un vergonzoso golpe de estado” y apuntó contra quienes encabezan el juicio político: “Es conducido por el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, el rey del Lava Jato. Tiene cuentas secretas en Suiza y en la última denuncia en su contra fue acusado de recibir 52 millones de reales (unos 14,7 millones de dólares) en coimas”.
“La fragilidad esencial de las denuncias contra Dilma echa una obvia sombra de sospecha sobre el pedido de juicio político. (…) Jamás encontró el “crimen de responsabilidad” que exige la Constitución para la apertura de un pedido de juicio político. Ante ese cuadro, es imperativo reconocer que en el país está en marcha un proceso político que nada tiene que ver con el combate a la corrupción ni con la democracia”, remató en un escrito reproducido por La Nación.
“Alrededor de 60% de los representantes legislativos brasileños tiene causas judiciales pendientes, gran parte de ellas por corrupción. 36, de los 65 miembros de la Comisión de Impeachment, que elaboró el informe favorable a la destitución de Dilma Rousseff, enfrentan acciones judiciales por los más diversos delitos. Aunque cerca de 200 de los 367 diputados que votaron a favor del impeachment están involucrados en procesos judiciales, no les impidió gritar a viva voz que destituían a la presidenta para acabar con la corrupción y moralizar el país”, apuntó por su parte el periodista Pablo Gentilli para el diario El País.
“Que el gobierno de Dilma Rousseff está atravesando una profunda crisis, nadie lo duda. Que la corrupción se ha imbricado capilarmente en el Estado brasileño, como en buena parte de los países latinoamericanos, tampoco. Sin embargo, lo que parece poco creíble es que cualquiera que haya asistido a la sesión extraordinaria del domingo, podrá pensar que alguno de los diputados de la oposición que votó por la destitución de Rousseff está en condiciones de reparar o, por lo menos, de mejorar las frágiles condiciones de gobernabilidad que posee el país”, sentenció.
