El jefe de Gabinete, Marcos Peña, cuestionó el intento de la oposición de aprobar leyes contra los despidos y afirmó que hay que “asegurar” el proceso de crecimiento.

Marcos Peña II

“Todos los indicadores están hablando de variaciones que son más bien reducidas que tienen que ver con algunos sectores en particular y que también estamos trabajando para reactivar, como el de la construcción, donde sí hubo una merma en los últimos meses del año pasado”, aseveró el ministro coordinador desde la Casa Rosada.

“Una de las formas de reactivar es impulsando medidas concretas para favorecer al sector de la construcción: hay un ambicioso plan de obras públicas que estamos lanzando, estímulos a viviendas y otros planes que vamos a estar impulsando la próxima semana, que se suman al que comenzamos en la provincia de Buenos Aires en materia de agua potable, cloaca y vivienda”, añadió Peña.

“Además, la inversión privada está empezando a tomar velocidad. Estamos en un momento en el que la mejor manera de defender el trabajo es creando nuevos trabajos y no tanto preocupándose por la situación puntual que puede haber en algunos sectores, para los que existen otras herramientas como actualización del fondo de desempleo y el aumento del salario mínimo”, apuntó.

“La ley contra los despidos es una herramienta que se usó una sola vez en la Argentina en los últimos tiempos, en el 2002, cuando había un desempleo muy superior al que hay actualmente y también queda claro, como lo han planteado dirigentes del peronismo y otras fuerzas, que no sirve para generar empleo”, sentenció el funcionario nacional.

“Hay que asegurar el cuidado de aquellos trabajadores que están siendo vulnerables con despidos o no consiguiendo trabajo, pero al mismo tiempo cuidar el proceso de crecimiento y expansión que tenemos que lograr para que haya más trabajo en la Argentina, mucho más y de mejor calidad”, remató.

Sólo durante la semana pasada, casi 2.400 trabajadores que se encargaban de la construcción de “Atucha III” fueron cesanteados. Según números de las CTA y consultoras privadas, en los tres meses que lleva el gobierno de Mauricio Macri, 110 mil personas quedaron desocupadas, entre estatales y privados: al menos 30 mil de ellos pertenecen a la administración pública, incluyendo a empleados municipales, provinciales y nacionales.

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