El fiscal Federico Delgado pidió el procesamiento de cinco funcionarios del área de control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y miembros de Prefectura Naval.
Hace algunos días atrás, el juez federal Sebastián Casanello procesó con prisión preventiva a los organizadores de la fiesta electrónica de Costa Salguero. La medida alcanzó, por supuesto, al abogado Víctor Stinfale, al empresario Adrián Conci y al resto de los organizadores de la “Time Warp”: allí murieron cinco jóvenes por el consumo de drogas sintéticas.
Ahora, la Justicia apunta contra los funcionarios y efectivos de seguridad que incumplieron sus funciones aquella noche: “La desidia a la hora de cumplir las tareas fue la regla de las autoridades locales en la Time”, sostuvo el fiscal en el nuevo pedido de procesamiento.
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Delgado lo solicitó contra los funcionarios porteños Claudio Iacobaccio, Fernán García Vázquez, Néstor Cella, Gustavo Herms y Pablo Fontanellas. Todos ellos estuvieron en la fiesta y están en la mira por el delito de “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de los funcionarios públicos”: tienen una pena de un mes a dos años de prisión.
“Fueron infieles con el cargo de Gerente, Coordinador e inspectores de la Gerencia Operativa de Eventos Masivos dependiente de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el que fueron honrados”, explicó el fiscal.
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Por otra parte, Delgado apuntó su responsabilidad a los agentes de Prefectura Naval. En esta línea, pidió el procesamiento y detención de David Alarcón Torres al considerarlo “cómplice la organización”.
“Fue un engranaje decisivo de ese esquema que montaron los organizadores que requería la complicidad policial. No hizo absolutamente nada como responsable de un área sensible, porque subordinó los objetivos generales de la Prefectura Naval Argentina a los de los organizadores de la rave que necesitaban. Su inacción lo convierte en cómplice de los hechos”, aseveró con dureza.
El procesamiento también corre para el prefecto Alberto Pandiani pero sólo por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
