Gastón Chillier, director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) habló sobre la situación actual de los DDHH en el marco de la presentación del informe anual del organismo.

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“Buscamos reafirmar la posición del CELS: la agenda de derechos humanos es tanto la que atañe a los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, como la que atañe a las violaciones sistemáticas y masivas generadas por el núcleo duro del Estado: fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario. Un núcleo que a pesar de los 32 años de la recuperación de la democracia sigue siendo un problema medular para los derechos humanos pero también una amenaza a la estabilidad democrática”, aseguró en diálogo con Página 12.

Sobre la situación actual, agregó: “Si bien es prematuro aún sacar conclusiones en términos de mejor-peor, no tenemos dudas de que los derechos humanos no tendrán en esta gestión la centralidad que tuvieron en los gobiernos kirchneristas, aún con todo lo que les criticamos. Los últimos 12 años fueron de ampliación de derechos. La gestión de Cambiemos ha tomado varias medidas que preocupan. El fuerte ajuste social y económico, despidos masivos en el Estado, van en contra de políticas de inclusión. Eso, sumado a algunas decisiones sobre el núcleo del esquema que conforman la seguridad, el servicio penitenciario, de inteligencia y de Fuerzas Armadas son una gran llamada de atención para seguir monitoreando qué hará el gobierno en esas áreas”.

En esta línea, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) viene haciendo fuerte hincapié en lo nocivo de las nuevas medidas que rigen el sistema de inteligencia: “Vemos con mucha gravedad las nuevas medidas, como el decreto 656/2016 (publicado el 9 de mayo pasado) que deroga el decreto reglamentario de la ley que creó la AFI, vuelve al secreto y a la cultura de opacidad de la vieja SIDE. Es peligroso porque crea el marco para volver a las viejas prácticas de los servicios que estuvieron en el medio de todos los escándalos institucionales de la vida política de Argentina desde la recuperación de la democracia”.

Por último, Chillier hizo referencia a la situación actual de los derechos humanos y los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar: “Más allá del desmantelamiento de algunas áreas, en el marco del desmantelamiento del Estado en general, como la dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad o la del Banco Central, por ahora no vemos medidas vayan en contra de los juicios de lesa humanidad. Creemos que el gobierno se dio cuenta de la tremenda visibilidad internacional que tiene Argentina, su proceso de justicia y las políticas de estado para mantener viva la memoria sobre la tragedia del terrorismo de Estado, lo cual no deja ningún margen para retroceder”.

“Dicho eso, queda claro que a más de seis meses de haberse votado la creación de una comisión bicameral para lo que creemos que es una tarea pendiente en el proceso de memoria, verdad y justicia, que es la investigación de la complicidad civil y dentro de ella la de empresarios en crímenes de lesa humanidad, la comisión no ha sido conformada. Por otro lado, si bien no somos tan alarmistas como otros espacios en cuanto al decreto que regresa algunas atribuciones a las Fuerzas Armadas, cuando se lo sumamos a la adquisición de armamentos y la retórica del discurso del día de Ejército del Presidente, invitando a las fuerzas a cooperar en la lucha contra el terrorismo, entendemos que hay una ambigüedad complicada que nos preocupa. No vaya a ser que atrás de todo esto aparezca el fin de una política de estado de división entre Seguridad y Defensa y la prohibición legal de las fuerzas en seguridad interior. Por el momento, estamos en alerta”, concluyó.

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