Las amenazas recibidas calaron hondo en los ánimos gubernamentales: las autoridades dispusieron nuevas medidas de seguridad.
A través de la resolución 389, el Ministerio de Seguridad especificó algunos puntos del servicio de protección presidencial y del resto de los funcionarios públicos a los cuáles debe custodiar.
Según la cartera que encabeza Patricia Bullrich, el mismo será “de carácter obligatorio y permanente para quienes el Ministerio de Seguridad considere que deban recibir custodia, desde que lo disponga y hasta tanto dicte acto administrativo en contrario”.
? El gobierno recurrió a un decreto de la dictadura militar para vender tierras públicas https://t.co/xgGBoPEAxz pic.twitter.com/xRjErcwO6V
— Diario BA (@diariodeBA) 29 de agosto de 2016
La custodia, según esto, “se regirá conforme a criterios objetivos de seguridad, tales como la función, las circunstancias de las personas a custodiar y proteger, y las hipótesis de amenazas reales que dichas situaciones conlleven”.
El protocolo dispone de “tres niveles de protección de Estado y Custodia”: en el primero están el presidente, vicepresidente y sus núcleos familiares; en el segundo el jefe de gabinete, ministro de seguridad y secretario de seguridad; y en el tercero los ministros y funcionarios que el Ministerio de Seguridad considere así como también ex presidentes de la Nación.
Los recursos humanos “podrán ser incrementados o reducidos, de manera definitiva o transitoria, cuando situaciones de excepción eleven o minimicen la hipótesis de amenaza sobre el custodiado, o si la custodia se estableciera o modificara por disposición fundada de la justicia”, advirtieron.
