En medio de la polémica por el recorte en “Ciencia y Tecnología”, el gobierno avanza con otro ajuste en el área de derechos humanos y políticas de memoria.

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El “Ente Espacio para la Memoria”, que administra la ex ESMA, solicitó para el 2017 un presupuesto de 174 millones de pesos: el pedido fue rubricado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires.

Según consigna Página|12, ese monto implica “93 millones para pago de salarios, 54 millones en bienes de uso (que incluyen construcciones y refacciones), cerca de 10 millones para bienes de consumo y otros 16 millones para mantenimiento, entre otros gastos”.

Sin embargo, nada de eso parece que vaya a suceder: el gobierno nacional prevé destinar al Ente un total de 95 millones mientras que la administración de Horacio Rodríguez Larreta confirmó que sólo aportará 12 millones.

Los 67 millones faltantes implican un problema enorme para el espacio: con estos números, las autoridades no podrán hacer más nada que pagar los sueldos de los que allí trabajan. El vaciamiento comienza a efectuarse lentamente.

El ajuste en áreas sensibles no termina acá: también hay un recorte sobre el presupuesto que regula la asistencia y contención para las víctimas del Terrorismo de Estado: el presupuesto para 2016 era de 185 mil pesos, lo que ya era considerado “sumamente bajo” y, Para 2017, se lo recortará a la mitad, es decir, a 90 mil pesos.

Hace algunas semanas atrás se conoció que la Secretaría de Derechos Humanos, dirigida por Claudio Avruj, recibirá una partida de 607.542.535 pesos durante 2017, 110 millones menos que lo que recibió en 2016.

De esta manera, las áreas que desde el Ministerio de Justicia se dedican exclusivamente a la temática deberán mantener sus mismas actividades con fondos entre un 12% y un 15% menores a los que les asignaron para el 2016. En uno de los ítems más importantes, se intentará reducir aproximadamente un 50% el presupuesto del programa que asegura a sobrevivientes y familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad el acompañamiento jurídico para querellar en causas y juicios.

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