Contra las recomendaciones para evitar sospechas de corrupción, Mauricio Macri decidió permitir que los familiares de funcionarios públicos ingresen al blanqueo.
La polémica ley conjunta de de reparación histórica a jubilados y blanqueo de capitales excluyó expresamente, tras varias sesiones de tratamiento, que los familiares de funcionarios públicos puedan participar del mecanismo en función de “evitar sospechas de corrupción”.
Mauricio Macri dio marcha atrás desoyendo las críticas, el sentido común y hasta las exigencias de integrantes de la misma alianza “Cambiemos” (tal es el caso de Elisa Carrió, que había pedido su prohibición): con un decreto, el presidente se salteó al Congreso de la Nación y modificó la reglamentación de la ley 27.260 de “sinceramiento fiscal”.
El cambio fue concretado a través del decreto 1206/2016 publicado este miércoles en el Boletín Oficial: el mismo lleva la firma del primer mandatario; su jefe de Gabinete, Marcos Peña; y del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay.
La prohibición, que desde este jueves ya no tendrá vigencia, recaía sobre “familiares del Presidente y vice; gobernadores y vicegobernadores; jefe o vicejefe de gobierno porteño; intendentes municipales, senadores o diputados nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, concejales municipales, Parlamentarios del Mercosur; magistrados del Poder Judicial nacional, provincial, municipal o de la Capital Federal”, entre otros.
