“Pocas semanas después de la creación de la Policía de la Ciudad, una serie de hechos mostraron con claridad los problemas históricos de corrupción y violencia que arrastra la Policía Federal Argentina (PFA) y por los que ahora debe responder el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA)”, aseguraron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
“Grupos de habitantes del barrio de Flores protestaron en la Comisaría 38 por hechos graves que atribuyeron a problemas de fondo: la antigua connivencia de esa comisaría con negocios ilegales y la existencia de “zonas liberadas. El GCBA respondió a estos reclamos con las tradicionales medidas de mayor presencia policial en las calles y mayor control poblacional. Otras opciones, como afrontar la corrupción policial y la connivencia de las fuerzas de seguridad con las redes delictivas o trabajar seriamente sobre el mercado ilegal de armas de fuego, fueron nuevamente dejadas de lado”, advirtieron.
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— Diario BA (@diariodeBA) 3 de enero de 2017
“La zona sur concentra los mayores niveles de victimización de la ciudad. Según el último informe del Consejo de la Magistratura, en 2015 el 72,5% de los homicidios dolosos de la CABA se produjeron en las comunas de esta zona. Como ha ocurrido en el caso del operativo Cinturón Sur, la saturación policial puede disminuir algunos tipos de delito pero sus efectos son transitorios si no se ponen en marcha reformas de fondo que transformen la actuación policial. Al mismo tiempo, si no se despliegan políticas de seguridad no policiales, las medidas pierden eficacia y la saturación territorial de policías se degrada en situaciones cotidianas de abuso hacia los habitantes de los barrios pobres. Con el tiempo, estas situaciones conducen a reforzar las dinámicas de violencia que se decía querer atacar”, aseveraron desde el organismo.
“El Gobierno de la Ciudad debe afrontar una situación muy complicada en la zona sur de la Ciudad, a medida que el Plan Cinturón Sur va siendo desmontado. Los problemas aumentarán si los prefectos y gendarmes van a ser reemplazados por la misma estructura intacta de la ex PFA que en su momento había sido desplazada de la zona por su corrupción y violencia. (…) Las estructuras de control, investigación y sanción de la Policía Metropolitana demostraron ser muy débiles, en ausencia de una voluntad política explícita de controlar la violencia de esa fuerza. Hoy el Gobierno de la Ciudad no puede repetir ese esquema, ya que de hacerlo, con miles de ex policías federales bajo su jurisdicción los resultados serán mucho más graves”, remataron.
