La represión que sufrieron docentes que intentaban instalar una “escuela pública itinerante” frente al Congreso de la Nación despertó la indignación de la opinión pública.

El argumento esgrimido por los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para darle luz verde al operativo policial fue que estos “no tenían el permiso” para montar la estructura que pretendían; cosa que fue desmentida por los mismos maestros.

Tras recalcar que la protesta es un derecho y asegurar que volverán a intentar armar la “escuela pública itinerante”, los gremios confirmaron la realización de un paro nacional de 24 horas para este martes en respuesta al accionar policial.

“La represión a los docentes es un límite ético que no vamos a tolerar. Si el ministro Bullrich no está a la altura de las circunstancias debe renunciar ya”, aseguró Sonia Alesso, titular de CTERA, en conferencia de prensa.

Inmediatamente después de los hechos, los propios gremios docentes ya habían salido a rebatirle los dichos a los funcionarios porteños que los acusaban de estar incumpliendo la ley.

“Había un permiso. En estos casos se envía una notificación, que es lo que se suele hacer siempre”, aseguró Mariano de Negris, de UTE. “Es más, la estructura que se montó para el acto de la Marcha Federal de Educación era similar. En ese monento no hubo ningún problema y mandamos el mimso permiso” , agregó el gremialista.

“Estoy es muy grave. No pueden explicar la represión de ayer ni cómo va a seguir este gobierno con los docentes. ¿Qué nos van a pedir ahora, que nos vayamos del país?”, agregó María Laura Torre, de SUTEBA.

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