? Foto: M.A.F.I.A

El controvertido fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que avaló otorgar el beneficio del 2×1 a genocidas, apropiadores y represores condenados por delitos de lesa humanidad ya tuvo sus primeras consecuencias en el plano jurídico y de los derechos humanos.

En las últimas horas, e inspirados en el “caso Luis Muiña”, el ex capitán del Ejército, Víctor Gallo, y Héctor Giribone, pidieron su excarcelación.

Gallo está condenado por apropiarse de Francisco Madariaga, hijo de una detenida desaparecida en el centro de detención de “El Campito”: durante la última dictadura cívico militar revistó en el Batallón de inteligencia 601 y pesa sobre él una sentencia de 25 años gracias a la unificación de varias causas.

Este no es un personaje menor: estuvo sentado en el banquillo junto a genocidas de la talla de Jorge Rafael Videla, Antonio Vañel, el “Tigre” Acosta, Jorge Luis Magnacco, Reynaldo Bignone y Santiago Omar River por participar de un plan sistemático destinado al secuestro y la apropiación de niños nacidos en cautiverio.

Héctor Giribone, por su parte, también está condenado por la apropiación de un menor: su caso, sin embargo, lo resolvieron rápidamente los jueces Adriana Palliotti, Oscar Hergott y Gabriel Nardiello denegándole la excarcelación. Aunque el fallo es positivo, el represor contará con otras instancias de apelación.

? Foto: Magnacco (en el medio) junto a Videla en el inicio del juicio por la apropiación de menores en la ESMA

Sumado a estos dos primeros casos, las Abuelas de Plaza de Mayo comunicaron a través de las redes sociales que “decenas de abogados de represores” están “exultantes” haciendo las presentaciones judiciales en Comodoro Py.

Pasado el mediodía se conoció que nada más y nada menos que Jorge Luis Magnacco, el “obstetra” de la ESMA, solicitó la libertad condicional ante el Tribunal Oral Federal 5 (TOF5).

El médico militar cumple condena desde 2012 por robo de bebés durante la última dictadura: en 2013 fue descubierto en un centro de compras mientras gozaba de la detención domiciliaria y fue enviado a una cárcel común por la Cámara Federal.

Sin embargo, el TOF5 decidió rechazar su pedido: aunque no se pronunciaron sobre la aplicación del beneficio a los genocidas, los magistrados dijeron que el cómputo del 2×1 no le permitía la libertad a Magnacco.

En Mendoza, mientras tanto, un tribunal rechazó el pedido del 2×1 de un ex policía en la Megacausa de San Rafael.  El TOCF 2 de esa provincia, luego de que la defensa de Norberto Ernesto Mercado Laconi solicitara para su defendido la aplicación del fallo de la Corte Suprema, rehazó su pedido por “no tener ninguna condena”.

Por último, Alejandro Lazo, condenado a 10 años de prisión por torturar en 1976 a perseguidos políticos también presentó un pedido de excarcelación ante el Tribunal de Ejecución Penal de la Justicia Federal de San Juan.

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