Expertos, investigadores, historiadores y organismos de derechos humanos sostienen que el “Operativo Independencia”, habilitado por el gobierno de María Estela Martínez de Perón a comienzos de 1975 fue el inicio de la política de aniquilamiento de las FFAA y el “laboratorio” de lo que ocurrió a gran escala a partir del 24 de marzo de 1976.
La viuda de Juan Domingo Perón fue la encargada de firmar el decreto que ordenó las operaciones, primero al mando de Acdel Vilas y luego de Antonio Domingo Bussi.
⚖️ Un grupo de expertos de la ONU le pidió a la Corte Suprema que “revise” el fallo del 2×1 https://t.co/fdQkwhpCL1 pic.twitter.com/hjU8XfC5Zr
— Diario BA (@diariodeBA) 16 de junio de 2017
En las últimas horas, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) confirmó que la ex presidenta, que actualmente tiene 90 años y vive en España, no será investigada por sus responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos cometidas en territorio tucumano.
Por unanimidad, el máximo tribunal rechazó una apelación que habían presentado los fiscales ad-hoc para causas por violaciones a los derechos humanos en Tucumán, Pablo Camuña y Patricio Rovira, y que había sostenido el fiscal general ante la Cámara de Casación, Ricardo Weschler.
Allí, consideraban a Martínez de Perón como “participe necesaria por haber dado una orden cuya ejecutoriedad no controló” y pedían su imputación “por haber firmado el decreto N° 261 de 1975 y haber permitido que esa orden se convirtiera en el establecimiento de un sistema clandestino de represión”. “Como comandante en jefa de las Fuerzas Armadas, tenía la obligación de evitarlo”, sostuvieron.
