La prédica de “Cambiemos” en torno a “ajustarse los cinturones” en tiempos de crisis parece no funcionar en ciertas áreas.

Con las elecciones legislativas a la vuelta de la esquina, el gobierno de Mauricio Macri decidió echar mano a un viejo recurso de la administración de Cristina Fernández de Kirchner: el uso de la publicidad oficial como propaganda proselitista.

A diferencia de la propaganda de campaña que está regulada por ley y es gratuita para los frentes electorales, la publicidad oficial de los actos de gobierno no está regulada.

Los números, difundidos por “La Nación” y “El Destape” hablan por sí solos:

  1. Aumento de la partida para difusión de actos de gobierno en un 205%.
  2. De esta manera se triplicó el dinero gastado en el 2016.
  3. Hasta junio el gobierno ya se comprometió a pagar 1867 millones de pesos en el rubro “prensa y difusión”. En el mismo período del año pasado destinó solo 612 millones.
  4. Sirvió para comprar 1.476.939 segundos de televisión, equivalentes a 485 horas o 20 días completos.
  5. El presupuesto del 2017 destinado a publicidad oficial es 4.130 millones, el doble que el del 2016.

Vale la pena recordar que esta no es una práctica nueva del macrismo: en la Ciudad de Buenos Aires lo ha hecho en repetidas oportunidades.

Por ejemplo, de los años 2012 a 2015, la administración del PRO al frente del gobierno porteño privilegió algunos aspectos sobre otros: la inversión en publicidad oficial aumentó exponencialmente a la vez que disminuían las partidas presupuestarias para el área de infraestructura escolar.

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