A comienzos del 2017, el presidente Mauricio Macri emitió el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017 que modificó la “Ley de Migraciones”. A través del mismo se habilitó, entre otras cosas, la expulsión de aquellos extranjeros que cometen delitos o tienen causas penales avanzadas en el país.
Tanto la CIDH como la ONU subrayaron en varias oportunidades la preocupación de que “aumente la criminalización y estigmatización de los migrantes” considerando al decreto como un “debilitamiento de sus derechos” y pidiéndole al gobierno que lo derogue. Nada de eso sucedió.
Los resultados ya se hicieron notar en los primeros seis meses: la cantidad de inmigrantes deportados por la Argentina aumentó un 35% comparado con el 2016 y la proyección para este año es que haya un incremento de expulsados del 70%.
Los datos surgen de un informe elaborado por la Dirección de Migraciones al que tuvo acceso Infobae: “Mientras a junio de 2016 había 113 extranjeros expulsados por haber cometido delitos o por tener condenas, en lo que va de este año esa cantidad se incrementó a 152 expulsiones”, señalaron en el mes de agosto.
El expediente de impugnación al DNU elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1 a cargo del juez Ernesto Marinelli y éste, tras algunas semanas de estudio, lo rechazó.
Esto, según los expertos,”libera la vía aún más para los proyectos migratorios del Poder Ejecutivo y le da una perspectiva de mayor poder a Migraciones, ya que el trámite de expulsión es netamente administrativo más allá de cualquier implicancia en el fuero penal”.
