El contundente paro de mujeres del #8M logró hacer visibles con más fuerza que nunca los reclamos históricos del movimiento feminista: la pelea por el #AbortoLegal es uno de las más importantes y dominará la agenda de los próximos meses.

Con este trasfondo, distintas legisladoras nacionales convocaron a marchar el próximo martes al Congreso de la Nación para seguir con el reclamo por la legalización en la previa del plenario de cuatro comisiones donde se definirá el cronograma de debate.

Al menos hasta el momento, se trata del proyecto con más firmas que se ingresó al Parlamento: este año reunió 71 adhesiones y un piso de votos a favor de 94 diputados.

La iniciativa salió desde la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito: de la misma participaron las diputadas Victoria Donda (Libres del Sur), Brenda Austin, Alejandra Martínez, Olga Rista (UCR), Mayra Mendoza, Mónica Macha (FpV-PJ), Romina Del Plá, Nathalia González (FIT), Araceli Ferreyra y Lucila De Ponti (Movimiento Evita), y un único diputado, Juan Carlos “Cali” Villalonga (Pro).

Los puntos más importantes del proyecto:

  • “En ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional”.
  • “Toda mujer tiene derecho a acceder a la realización de esta práctica del aborto en los establecimientos del servicio de salud en un plazo máximo de 5 (cinco) días desde su requerimiento”.

  • La iniciativa también contempla tres casos en los cuales la mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo: “1) si este fuere producto de una violación, con el sólo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el profesional de salud interviniente; 2) si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer; y 3) si existieren malformaciones fetales graves”.

  • Obliga a todos los efectores del servicio público de salud, las obras sociales y las entidades de medicina prepaga a la cobertura integral de la interrupción legal de embarazo, que se podrá efectuar “sin ninguna autorización judicial previa”.
  • “Si la interrupción voluntaria del embarazo debe practicarse a una persona adolescente, entre los 13 y los 16 años de edad, se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento informado. En el caso de niñas menores a 13 años, será necesario su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal”.

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