El gobierno de Mauricio Macri venía anunciando en los medios y en los pasillos de la Casa Rosada desde hace largo rato que quería modificar la “Ley de Defensa” para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en seguridad interior y, así, enfrentar los “nuevos desafíos” que se plantean en el siglo XXI.
En el mes de junio, incluso, el ministro Oscar Aguad habló sobre la “estigmatización” de los militares y del “importante rol” que podrían cumplir haciendo “logística” e interviniendo en la “lucha contra el narcotráfico”.
Las Fuerzas Armadas tienen prohibido intervenir en cuestiones de seguridad nacional. Sin embargo el Gobierno Nacional anunció que hará cambios y romperá un acuerdo de la democracia Argentina. pic.twitter.com/FgCAC9xc7u
— Centro de Estudios Legales y Sociales (@CELS_Argentina) 23 de julio de 2018
Finalmente ello ocurrió: a través de dos decretos, Mauricio Macri “redefinió” el rol de las Fuerzas Armadas con el despliegue de efectivos en la frontera norte y la custodia de “objetivos estratégicos” a lo largo y a lo ancho del país.
En todo este tiempo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) brindó una serie de explicaciones por las que estaba en contra de la medida: “Se busca profundizar su alineamiento con el paradigma de las ‘nuevas amenazas’ y la ‘lucha contra el terrorismo’. En el contexto argentino, y sin un debate público sobre las misiones de las Fuerzas Armadas y el presupuesto adecuado para cumplirlas, esto solo conducirá a una mayor asignación de tareas de seguridad interna y a un evidente proceso de ‘policialización’ de los militares, algo que comprometería aún más lo que queda de la defensa nacional”.
“Todos los ejemplos de los países latinoamericanos que han optado por esta reasignación de misiones han fracasado en cumplir con su objetivo y han sumado numerosas denuncias por abusos a los derechos humanos. Es fundamental que el sistema político reafirme su compromiso con el principio de demarcación, el control civil de las Fuerzas Armadas y la definición de políticas de defensa y seguridad que privilegien la reducción de la violencia y fortalezcan la institucionalidad democrática”, remataron.
