El anuncio generó polémica pese a que la medida aún no estaba oficializada: esta mañana las modificaciones en el rol de las Fuerzas Armadas se formalizaron a través del decreto 683/2018 publicada en el Boletín Oficial con la firma de Mauricio Macri, Marcos Peña y Oscar Aguad.

A través del escrito, el Poder Ejecutivo derogó la “Directiva Sobre Organización y Funcionamiento de las FFFA” aprobada por el decreto 1691 e introdujo cambios en el 727, conocida como “Ley de Defensa Nacional”, que limitaba el uso de las fuerzas militares al combate de agresiones de otros estados: ambos habían sido firmados por Néstor Kirchner en el año 2006.

“Las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de la República Argentina, la vida y la libertad de sus habitantes, o ante cualquier otra forma de agresión externa que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”.

El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea conforman el “Instrumento Militar de la Defensa Nacional”. El mismo “deberá concebirse como una única instancia integradora de las formas y modalidades de acción propias de cada una de esas fuerzas”.

“La misión primaria fundamental del Instrumento Militar consiste en asegurar la defensa nacional ante situaciones de agresión externa”, se puede leer en el decreto. Sin embargo, la novedad es que dentro de esas agresiones externas no sólo serán consideradas otras naciones: las FFAA podrán emplearse para combatir “al terrorismo y al narcotráfico internacional”.

El Ministerio de Defensa “considerará como criterio para las previsiones estratégicas, la organización, el equipamiento, la doctrina y el adiestramiento de las FFAA, a la integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las fuerzas de seguridad“.

Otra de las novedades importantes es la introducción de la custodia de “objetivos estratégicos”.  Aunque no hay una lista de los bienes de interés que serán protegidos por fuerzas militares, la norma apunta a las represas, centrales nucleares, edificios públicos de interés y otras reservas naturales.

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