En las últimas semanas, la justicia hondureña condenó por el asesinato de la ambientalista a Mariano Díaz Chávez, Henry Javier Hernández; Edilson Duarte Meza, Oscar Aroldo Torres, Elvin Rápalo, Sergio Ramón Rodríguez y Douglas Geovanny Bustillo.
Estos últimos dos son la piedra angular de la cuestión: trabajaban para la compañía Desarrollo Energéticos Sociedad Anónima (DESA) que quería construir la represa “Agua Zarca”, a la cual Berta Cáceres y las comunidades locales se oponían. En julio de este año, tanto el Banco Holandés de Desarrollo (FMO) y el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (FINNFUND) retiraron su apoyo al proyecto.
?? Ganó Berta Cáceres y el COPINH: en Honduras dieron de baja el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” https://t.co/ra2iBzBBG9 pic.twitter.com/MSdfH41K0K
— Diario BA (@diariodeBA) 17 de julio de 2018
Los magistrados que dictaron sentencia en la corte de Tegucigalpa encontraron pruebas suficientes para encontrar al supervisor del área de “comunidades y medioambiente” y al jefe de seguridad como responsables del crimen.
Sin embargo, la familia de la activista no quedó del todo conforme: según ellos, los jueces establecieron “un techo” en las condenas para “evitar juzgar” a los autores intelectuales del asesinato, de más alto rango.
En esta línea, subrayaron que uno de los testigos clave no fue “invitado” a testificar: le negaron su testimonio pese a que él mismo se ofreció a “identificar a los culpables”. Tampoco le permitieron a los abogados participar totalmente de la investigación y acceder a la evidencia.
