Para que no pase lo mismo que en Jujuy y para que el Poder Judicial abra los ojos, decenas de mujeres realizaron una concentración en las puertas de la Casa de la Provincia de Tucumán: exigen que se le realice la interrupción legal del embarazo a una niña de once años violada por la pareja de su abuela.

La menor espera desde el 23 de enero la interrupción de la gestación forzada, que ya lleva 23 semanas y media: como consecuencia del calvario que está viviendo, intentó suicidarse y se encuentra acompañada por su mamá en un hospital en las afueras de San Miguel de Tucumán.

Hasta el momento dos fiscalías recurrieron a dilaciones que hicieron caso omiso al deseo de la niña de abortar, tal cual como rige en el “Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo” en estas causales.

Forzar a una niña a continuar con un embarazo resultado de abuso sexual y someterla a prácticas médicas riesgosas como la cesárea, es tortura. Se le está negando su derecho”, aseveraron desde la Campaña por el Derecho al Aborto Legal.

Dos fiscales, dos defensorías de menores, un juzgado de familia, el sistema de salud público de Tucumán, el Estado y grupos de fundamentalistas antiderechos ejercen, hace 23 días, presión para someter a la niña a una internación aislada e innecesaria con el fin de obstaculizar su acceso a la ILE”, agregaron.

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