Hace algunos días atrás, distintas organizaciones del colectivo feminista presentaron una medida cautelar exigiendo que se “garanticen la seguridad y el ejercicio pleno del derecho a la protesta y a la libertad sindical de todas las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries” durante la marcha del 8 de marzo.
Teniendo en cuenta que en 2018, al terminar la movilización muchas mujeres fueron “cazadas” y detenidas sin causa por efectivos de la Policía de la Ciudad, la presentación cobró importancia.
? “Marzo, Mujer y Memoria” en las calles, en el Auditorio Kraft y en El Tipográfico: atravesando el ?? #8M y el ✊? #24M con arte, activismo cultural y reflexión ➡️ https://t.co/aGdeJHQBTG pic.twitter.com/yjyPK6shQ4
— Diario BA (@diariodeBA) 2 de marzo de 2019
Por ello, el juez Martín Furchi aceptó esta medida e instó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que “extreme los recaudos que correspondan a fin de garantizar el respeto y protección de los derechos de las personas”.
En esta línea, el magistrado subrayó que, en consonancia con la ley n°5.668 de Seguridad Pública, “la actuación del personal policial debe estar sujeta al principio de legalidad, así como a los principios, entre otros, de oportunidad, proporcionalidad y gradualidad”.
