Cuando el año pasado se votó el “Presupuesto 2019”, las organizaciones que luchan día a día para garantizar el acceso a los medicamentos para VIH, Tuberculosis y Hepatitis “C” advirtieron que el ajuste sobre los pacientes sería brutal.

El recorte de presupuesto de $1.724 millones de pesos para la Dirección Nacional de Sida (DNS) ya tuvo su impacto en las compras públicas, stocks y adquisiciones proyectadas: según la Fundación GEP, “existen actualmente faltantes de medicamentos que integran los esquemas antirretrovirales utilizados por las 86.338 personas con VIH que se encuentran en tratamiento antirretroviral en Argentina“.

▪️Inexistencia de stock de efavirenz y de las combinaciones darunavir/ritonavir y tenofovir/emtricitabina/efavirenz desde el mes de junio. 

▪️A partir de agosto no habrá disponibilidad de otros 15 medicamentos antirretrovirales.

Vale la pena recordar, además, que en los casos en los que ni siquiera está iniciado el proceso de compra, resolverla de manera urgente demandará por lo menos tres meses. La salud, en cambio, no puede esperar.

En este sentido, Lorena Di Giano, directora ejecutiva de Fundación GEP, señaló: “Las personas con VIH no están recibiendo sus medicamentos en los hospitales y centros de salud de las distintas jurisdicciones del país“.

El ajuste es inaceptable y viola los derechos fundamentales de lxs ciudadanxs que necesitan de un Estado activo para asegurar sus necesidades. El accionar del gobierno es delictual y premeditado”, agregó.

Desde Fundación Huesped advirtieron en un comunicado sobre la recurrente situación de riesgo que padecen los pacientes: “El faltante ocasional de medicamentos para el VIH, así como también de vacunas y de métodos anticonceptivos, es una situación que se ha repetido durante esta gestión de gobierno y pone en evidencia dificultades internas en los procesos de logística de compra que no deberían suceder“.

“En nuestro país la epidemia de VIH es estable, lo que permite anticipar la compra de tratamientos con tiempo suficiente para evitar faltantes. Del mismo modo, la provisión de vacunas y de métodos anticonceptivos también puede y debe ser anticipada. Estas insuficiencias no hacen más que entorpecer la adherencia a los tratamientos y dificultar el acceso al derecho a la salud de la población“, agregaron.

?  La respuesta de la Secretaría de Salud:

La Secretaría de Salud de la Nación difundió un comunicado luego de que se denunciara el faltante. En el mismo sostuvieron que “tanto el presupuesto como los tratamientos están garantizados“.

“Sólo en el caso de una combinación de drogas (Darunavir 800/Ritonavir 100 mg) se registró una disminución en el stock en algunas jurisdicciones. A partir del próximo lunes, se distribuirá esta combinación de drogas a todas las provincias”, agregaron las autoridades sanitarias.

Por último, justificaron que “el consumo de dichas drogas se ha incrementado considerablemente en estas últimas semanas en relación a nuevas recomendaciones nacionales e internacionales” y que, debido al aumento de la demanda, “se registró una disminución del stock en algunas jurisdicciones“.

? Esta no es la primera vez que los pacientes con VIH deben enfrentar la desidia estatal y pelear por sus derechos:

▫️A principios del 2018, las organizaciones que luchan contra el VIH y los pacientes estallaron de bronca luego de que la Dirección Nacional de Sida y ETS diera a conocer un comunicado en el que sostenían que durante el mes de febrero el Ministerio de Salud de la Nación no iba a proveer medicamentos.

Las autoridades habían ordenado que, “hasta que se regularice la situación”, cada provincia debería en la medida de sus capacidades, hacerse cargo de las compras de las partidas para atender las necesidades urgentes de las personas con VIH y Hepatitis C. Eso no sólo iba a generar que las arcas provinciales pagaran cifras exorbitantes por los medicamentos sino que, también, muchos corrieran el riesgo de no poder acceder a ellos. Algunos días más tarde debieron “recular” y garantizar la entrega de los medicamentos.

▫️En octubre del mismo año, las mismas organizaciones tuvieron que advertir las graves consecuencias de reducir el presupuesto de la Dirección Nacional de SIDA: además de la falta de medicamentos, denunciaban que se dejarían de lado también los trabajos de prevención.

Teniendo en cuenta que en el país hay aproximadamente 120 mil personas viviendo con VIH pero que hay un 30% que lo desconoce, la tarea de concientización y prevención se vuelve aún más urgente. ¿Cómo pueden afrontarse todos estos problemas urgentes a la vez con un presupuesto “achicado”, constantemente manoseado y minado de obstáculos?

▫️ Por último, en el mes de febrero del 2019, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) intimó a 40.000 personas con VIH a realizar un “certificado médico digital” en el “centro de salud más cercano a su domicilio” para “revalidar” las “pensiones no contributivas”.

Como si la intimación para realizar dicho procedimiento no bastara para ser considerado un caso de mala praxis estatal, la mayoría de las instituciones y salas donde se debería realizar el trámite no tienen el sistema o directamente desconocer el procedimiento.

“Están especulando con derechos adquiridos, con la vulnerabilidad de las personas con VIH. Muchxs cobran pensiones porque el sistema no les ofrece otra alternativa; los echan de los trabajos o ni siquiera les permiten acceder. Eso es revictimización de las personas, es volverlxs a exponer a situaciones de vulnerabilidad donde el Estado no ofrece respuestas ni alternativas de calidad”, señalaron en esa oportunidad desde el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH.

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Testeos y asesoramiento gratuito de #VIH: todos los miércoles en Coronel Pagola 3880 (alt. Av. Saenz al 300), Ciudad de Buenos Aires.

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