El gobierno de Alberto Fernández ordenó en las últimas horas anular la cesión de los bienes que el ex presidente Mauricio Macri le otorgó a fines del 2019 al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.
A través de dos decretos, la administración nacional instó a revisar la legalidad de dichos traspasos: se trata de 31 escrituras, firmadas entre el 19 de septiembre y el 10 de diciembre de 2019, por un total de casi $16.000 millones.
A través del Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo derogó un inciso del artículo 8° del decreto 1382/12, “por el cual se facultó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a ‘dar en pago’ los bienes inmuebles desafectados del uso, declarados innecesarios y/o sin destino, a fin de cancelar deudas y/o afrontar compromisos de asistencia económico financiera y/o extinguir cualquier otra obligación de carácter pecuniario que haya asumido el Estado Nacional, en el marco de convenios, contratos, actas o acuerdos celebrados con las Provincias y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
? Por otra parte, en el decreto 145/2020, se consideró que el inciso derogado “desnaturaliza la función asignada a la AABE e implica un desprendimiento de activos insustituibles que pertenecen al Estado Nacional”.
En esta misma línea, se esgrime que dicho traspaso priva de la posibilidad de “obtener ofertas económicas superiores a la tasación oficial, lo que resulta asimismo desaconsejable desde el punto de vista financiero ya que, entre otros efectos negativos a los intereses del Estado, impide el devengamiento de los diversos pagos a medida que se producen los vencimientos de las hipotéticas obligaciones que se pretenden cancelar o aplicar mecanismos de puja pública a fin de obtener el mejor precio pretendido”.
Tal como vienen denunciado distintos funcionarios y organismos desde hace tiempo, la cesión exclusiva a la Ciudad de Buenos Aires está viciada de nulidad: “La dación en pago de inmuebles se realiza exclusivamente a favor de una sola jurisdicción, como ha ocurrido con las formalizadas a favor de la Ciudad de Buenos Aires durante el último semestre del fin del mandato de la gestión anterior, contraviniendo expresas normas que prohíben dichos actos de disposición”, detalló el gobierno en el escrito.
? La AABE deberá revisar “en un plazo no mayor a sesenta días”, la legalidad de los procesos que “derivaron en la disposición, cesión, enajenación, transferencia, desafectación, asignación en uso o dación en pago”, de inmuebles del Estado Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 2015 y el 2019.
