En las últimas horas la administración de Horacio Rodríguez Larreta anunció que estatizará de “manera temporal” el control del sistema de acarreo de vehículos en infracción hasta que se defina una nueva licitación del servicio.
La medida fue anunciada por Felipe Miguel, actual jefe de gabinete porteño, quien ratificó que el sistema pasará a ser operado por la Ciudad de Buenos Aires de manera inmediata hasta que se defina los nuevos operadores: “Ya estamos trabajando en la implementación de la transición”.
Esta decisión tiene una historia detrás: hace algunas semanas, el “Frente de Todos” presentó un proyecto en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para “suspender la concesión del servicio de acarreo de vehículos” y el resto de los bloques, salvo el oficialismo, se mostró de acuerdo en avanzar por ese camino. El golpe definitivo lo dio Elisa Carrió al comunicar públicamente que la Coalición Cívica estaba dispuesta a terminar con ese “negocio leonino”: con sus cuatro diputados la balanza se podía inclinar en el recinto legislativo.
Vale la pena recordar que la concesión del acarreo en el distrito porteño estuvo hasta ahora en manos de Dakota SRL y BRD Sociedad Anónima, Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria (SAICFI), dos empresas que operan el negocio con el contrato vencido desde hace 21 años. Como si esto fuera poco, las compañías -que están a cargo de los acarreos desde 1990- le pagan al gobierno porteño un canon mensual de sólo $55.000 cada una para operar el servicio ya que el monto está congelado desde el 2014, según información a la que accedió el portal Infobae. Y ni siquiera presentaron balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ) en los últimos 4 años.
