Esta semana la administración de Horacio Rodríguez Larreta anunció la estatización de “manera temporal” el control del sistema de acarreo de vehículos en infracción hasta que se defina una nueva licitación del servicio.
Esta decisión tiene una historia detrás: hace algunas semanas, el “Frente de Todos” presentó un proyecto en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para “suspender la concesión del servicio de acarreo de vehículos” y el resto de los bloques, salvo el oficialismo, se mostró de acuerdo en avanzar por ese camino. El golpe definitivo lo dio Elisa Carrió al comunicar públicamente que la Coalición Cívica estaba dispuesta a terminar con ese “negocio leonino”: con sus cuatro diputados la balanza se podía inclinar en el recinto legislativo.
Vale la pena recordar que la concesión del acarreo en el distrito porteño estuvo hasta ahora en manos de Dakota SRL y BRD Sociedad Anónima, Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria (SAICFI), dos empresas que operan el negocio con el contrato vencido desde hace 21 años. Como si esto fuera poco, las compañías -que están a cargo de los acarreos desde 1990- le pagan al gobierno porteño un canon mensual de sólo $55.000 cada una para operar el servicio ya que el monto está congelado desde el 2014, según información a la que accedió el portal Infobae. Y ni siquiera presentaron balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ) en los últimos 4 años.
Ahora, el Frente de Todos presentó en la legislatura porteña un pedido formal para que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires investigue las irregularidades en los más de veinte años de prórrogas contractuales del servicio de acarreo: la iniciativa cuenta, además de la participación de los diputados de izquierda, con la firma de los bloques de Consenso Federal y hasta de La Libertad Avanza.
“Hace 21 años que los contratos están vencidos y el gobierno de Larreta los prorrogaba de manera irregular a cambio de un irrisorio canon mensual de 55 mil pesos. Es imposible que semejante negocio irregular no cuente con la complicidad de autoridades del gobierno“, señaló el legislador Matías Barroetaveña, perteneciente al FdT.
Su compañero de bancada, Juan Manuel Valdés, agregó: “Logramos torcer 21 años de ilegalidad y despojos a la ciudadanía a través de un contrato que estaba vencido e iba en detrimento de las arcas públicas y de los porteños“.
