La crisis habitacional volvió a estallar en la Ciudad de Buenos Aires con la toma de un terreno en el barrio de Villa Lugano. El predio está contemplado en la Ley 1770 de 2005, que estipulaba la urbanización de toda la Villa 20 y el Gobierno de la Ciudad incumplió. El juez Vega dictó la orden de desalojo. 
Luego de que el fiscal en lo contravencional Carlos Fel Rolero pidiera hace dos días atrás el desalojo del predio del ex cementerio de autos ubicado en Pola y Fernández de la Cruz, en el barrio porteño de Villa Lugano, y que advirtiera que, de ser necesario, “se desalojará con la fuerza pública”; todas las mañanas comenzaron con el mismo paisaje: con el predio repleto de carpas y con los vecinos dispuestos a resistir el desalojo en pos de una solución habitacional.
En diversas oportunidades, delegados de los vecinos que ocuparon el terreno se reunieron con el juez Gabriel Vega, autoridades del gobierno porteño, del Banco Ciudad y del Instituto de la Vivienda, para pedirles “que se cumpla con la ley de urbanización en ese predio a través de cooperativas de trabajadores”.
El predio de la discordia se encuentra actualmente sujeto a la Ley 1770 de 2005, que estipulaba la urbanización de toda la Villa 20 y contemplaba el saneamiento de la tierra, la construcción de 1.600 nuevas viviendas y espacios verde recreativos. Sin embargo, el plan nunca se puso en marcha e incluso, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se intentaron vender dichos terrenos para megaemprendimientos inmobiliarios.
Tan sólo cuatro meses atrás, vecinos y organizaciones sociales se manifestaron frente a la Legislatura Porteña y lograron frenar el “Plan Maestro de Obras para la Comuna 8″, que data de fines del 2012 cuando los legisladores porteños del macrismo, con el aval y apoyo de los legisladores kirchneristas, sancionaron dicho paquete de leyes en donde se proponía la concesión de grandes porciones de tierras (Parque Indoamericano, Parque Roca, Parque de la Victoria, Parque de la Cuidad) destinadas al negocio inmobiliario.
A pesar de que se había anunciado un acuerdo, los delegados de la toma aseguraron en el día de ayer que la propuesta del juez Vega no fue aceptada y ratificaron que no abandonarán el predio, a pesar de que algunas decenas de personas se habían retirado por la mañana. “La gente ya está construyendo algunas viviendas precarias. La propuesta del juez no fue aceptada. No hubo ningún acuerdo, sólo hubo propuestas”, aseguró ante las cámaras de televisión Emanuel Díaz, uno de los referentes. ”Yo le comenté a la gente la propuesta que hizo el juez y la gente no la aceptó”, agregó.
Tras la caída de las negociaciones, el juez encargado de la causa, Gabriel Vega, ordenó el “desalojo inmediato” del predio. Sin embargo, ello tampoco es una decisión fácil: el costo político de desalojar por la fuerza a los vecinos que reclaman soluciones habitacionales fue aprendido tanto por Nación y Ciudad en los hechos del Parque Indoamericano. Por ello, unas horas antes de dictada la ordan, el Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, informó que ninguna fuerza nacional se encargaría del desalojo. De esta manera, únicamente la Policía Metropolitana podrá proceder y los vecinos de la Villa 20 que se encuentran tomando el predio están dispuestos a resistir.
Alejandro el “Pitu” Salvatierra – delegado de Ciudad Oculta – contó en el programa “No somos nadie” de Radio Metro las razones de la toma y echó luz sobre la alarmante crisis habitacional que sufren los sectores más vulnerables.
