Como adelanto de un nuevo informe sobre los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) difundió una estadística que subraya que, hasta marzo de 2014, son 297 los civiles investigados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Buena parte de ellos pertenecían al Poder Judicial y a la Iglesia Católica.

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Según el adelanto de un nuevo informe difundido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), hasta marzo de 2014, 2on 297 los civiles investigados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la Argentina.

En este sentido, del total de los 2.239 imputados el 13% son civiles, cifra que puede ir en aumento a medida que pasa el tiempo y se acumula nueva información en el marco de los juicios contra miembros de las Fuerzas Armadas. Los civiles investigados pertenecen, en su mayoría, a funcionarios del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, así como también miembros de la Iglesia Católica, profesionales de la salud, empresarios, personal civil de inteligencia y apropiadores de menores.

“Los funcionarios judiciales y los integrantes de empresas o grupos económicos son los dos tipos de civiles sobre los que se avanzó con mayor firmeza en los últimos dos años”, asegura el CELS en el informe. A pesar de ello, plantean que, en las investigaciones sobre civiles, “la Justicia actúa con diferentes criterios frente a este tipo de responsabilidad”. En esta línea, citan el caso de siete sacerdotes que, pese a estar implicados en delitos de lesa humanidad, tan sólo uno de ellos se encuentra condenado.

Gráfico CELS - Civiles imputados

Respecto del Poder Judicial, el CELS afirma que el 20% de los civiles investigadores pertenece a dicha esfera, cuestionando así la idea de la Justicia cuando refiere que su participación no fue “orgánica”. “Numerosos fallos marcan un fenómeno que contradice ese supuesto accionar aislado, como el rechazo masivo de hábeas corpus, las costas, el archivo o la falta de solicitud de medidas de prueba”, agrega el informe.

“La investigación penal de la complicidad civil es una oportunidad única para reflexionar sobre el rol de determinadas instituciones, como la Iglesia Católica en el marco de una sociedad democrática, el rol de la Justicia y el lugar que ocupan los grupos económicos en los proyectos de país”, concluye.

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