El 20 de octubre de 2010, Mariano Ferreyra fue asesinado a balazos por una patota de la Unión Ferroviaria mientras reclamaba por los trabajadores tercerizados del ferrocarril en Luján y Perdriel, en el barrio porteño de Barracas.

Mariano Ferreyra

Cinco años pasaron de la muerte de Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero (PO) asesinado en una manifestación de trabajadores tercerizados en donde se exigía el pase a la planta permanente en la línea Roca del ferrocarril.

En la intersección de Luján y Pedriel, una patota sindical que respondía a la lista verde de la Unión Ferroviaria de José Pedraza atacó a balazos al contingente de manifestantes.

El hecho volvió a desnudar el entramado perverso tejido entre las burocracias sindicales y las autoridades gubernamentales para beneficiarse con la contratación de trabajadores tercerizados y precarizados: en el negocio estaban asociados empresas concesionarias (TBA, Metrovías, EMEPA), funcionarios del gobierno y el propio sindicato, la Unión Ferroviaria.

Mariano Ferreyra

La actuación de la policía también respondió a los procedimientos habituales en este tipo de casos: liberó la zona cuando la patota decidió atacar a los trabajadores, vecinos y manifestantes. De manera increíble, además, “se perdieron” las grabaciones de video y audio del momento de los hechos.

La justicia, como siempre, también tuvo su parte: luego de la lucha y los recursos judiciales presentados por los abogados, el perito Roberto Locles fue condenado a un año de prisión por adulterar el proyectil que mató al militante del Partido Obrero.

Pedraza

Casi cinco años después, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a 15 años de prisión – por ser considerados instigadores del homicidio – para José Pedraza y su segundo en el gremio, Juan Carlos “Gallego” Fernández.

El fallo, dictado por los camaristas Juan Carlos Gemignani, Liliana Catucci y Mariano Borinsky, niega también la posibilidad de que el sindicalista cumpla lo que le queda de reclusión bajo el régimen de “prisión domiciliaria”, por lo que seguirá en la cárcel federal de Ezeiza.

Asimismo, el delegado Pablo Díaz, junto a los ferroviarios Cristian Favale y Gabriel Sánchez, que fueron condenados 18 años de prisión por ser los autores de los disparos durante el ataque, también seguirán detenidos.

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