La muerte de cinco jóvenes en la fiesta electrónica “Time Warp” destapó un entramado de negocios entre la policía, los organizadores, narcotraficantes y empresarios.

Bullrich II

El escándalo de Costa Salguero salpica para todos lados, en especial a miembros del gobierno: en las últimas horas, el juez federal Sebastián Casanello acusó a la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, de “intentar entorpecer la investigación sobre la responsabilidad de la Prefectura Naval respecto de la venta de drogas de diseño”.

La pelea se desencadenó luego de que funcionarios judiciales allanaran la Dirección de Investigaciones Penales y Administrativas de la Prefectura y sus oficinas de la Zona Norte. Luego de esto, Bullrich hizo una presentación donde responsabilizó a dos secretarios del juzgado de darles instrucciones a los prefectos de “no molestar a los chicos que iban a divertirse”.

El magistrado, ante la publicación del escrito judicial por el Ministerio de Seguridad, aseguró que la instrucción que le dieron a la Prefectura Naval en la noche del viernes fue clara: “intervenir o informar al juzgado ante violaciones a la ley de drogas, y avisar desde el lugar donde se cometen”. En ese sentido, desmintieron rotundamente que hayan pedido “dejar tranquilos” a los jóvenes que concurrían a la “Time Warp”.

Para colmo, en el allanamiento encontraron contratos de servicios adicionales de la fuerza para la empresa Dell Producciones, la organizadora del evento. Si a esto se le suma que las muertes recién fueron informadas a la justicia a las 9 de la mañana (habiendo ocurrido más de dos horas antes), que no fueron notificadas al fuero federal y que la Prefectura tampoco denunció en toda la noche que se había incautado una bolsa de drogas; la connivencia y el lazo entre las fuerzas de seguridad privadas, los organizadores y la Prefectura se vuelve una línea de investigación más que importante.

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