La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteña confirmó la orden de clausura preventiva sobre el servicio.
Los camaristas Marcela de Langhe, Fernando Bosch y Pablo Bacigalupo aseguraron que el bloqueo está limitado al territorio porteño hasta tanto la empresa se adecue a la normativa de la Ciudad de Buenos Aires.
“Uber debe cumplir con el conjunto de reglas constitucionales, legales y reglamentarias citadinas que se refieran a la actividad comercial que realiza, sin perjuicio de la observancia de la normativa que además le corresponda ante la Nación u otras provincias”, señalaron en la sentencia.
“Ello así, toda vez que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no sólo posee la atribución sino el deber de ejercer el poder de policía en aras de proteger la seguridad de las personas que habitan su territorio”, añadieron en el fallo judicial.
“Los usuarios de la firma se encuentran desamparados por cuanto estarían contratando un servicio de pasajeros totalmente exento de los controles del estado con las eventuales consecuencias disvaliosas que ello podría acarrear, extremo que nos permite considerar que se encuentran comprometidas las condiciones de seguridad y funcionamiento del servicio que se pretende explotar en la ciudad”, sentenciaron.
“Uber esta infringiendo gravemente la ley y desconociendo un fallo judicial”
? #Taxis vs. #Uber ? https://t.co/r3iVHgsfDF— Diario BA (@diariodeBA) 4 de mayo de 2016
Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le dieron la derecha a los taxistas desde un principio: hace algunos días atrás, la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires incluso ordenó bloquear la aplicación de Uber. Antes, un fallo judicial le ordenó al Gobierno de la Ciudad suspender la actividad pero la empresa se negó alegando que su servicio está contemplado dentro de las posibilidades de la ley y desafió a las autoridades ofreciendo “viajes gratis”.
La polémica entre los taxistas y Uber quedó instalada en el centro del debate en torno a la legalidad o no de esta empresa; sin embargo, son pocos los que hacen hincapié en las pésimas condiciones en que trabajan los choferes de ambos servicios.
Uber, por una parte, no paga cargas sociales (obra social, aportes jubilatorios ni de ningún tipo) a “sus” choferes ya que los considera bajo la figura de “socios”: entre ellos no existe – “en teoría” – ninguna relación de dependencia pese a que se quedan con el 75% de cada viaje. Tampoco tributan al país en el que se instalan sino que dirigen su dinero a cuentas en el exterior.
El sistema en que se encuentran la mayoría de los choferes de taxis sin su propio auto y/o licencia también deja mucho que desear: por lo general, deben entregar por día 1.000 pesos al patrón lo que les ocupa buena parte de la jornada laboral. Recién a partir de cumplir con ese piso empiezan a ganar ellos mismos su dinero, lo que les demanda más de doce horas de trabajo.
