La Asociación por los Derechos Civiles pidió que se abra el debate sobre una reforma de la ley de protección de datos personales para solucionar los defectos en la actual legislación.
En su página web, la asociación decidió confrontar las distintas críticas esgrimidas por los partidos opositores y la posición gubernamental respecto de la sesión de datos de la de la ANSES al gobierno de Mauricio Macri.
La ley de protección de datos personales, en su momento una de las más avanzadas del mundo, presente para la ADC dos falencias: “un órgano de control débil y dependiente del poder ejecutivo y, por el otro lado, una excesiva permisibilidad hacia el Estado en relación al almacenamiento, tratamiento y cesión de los datos personales”.
Pronunciamiento de ADC sobre el manejo estatal de Datos Personales https://t.co/75kTX0CGsZ pic.twitter.com/au8BHwJj84
— ADC (@ADC_derechos) 29 de julio de 2016
“Entre los varios principios establecidos por la legislación figuran dos que son centrales para el buen ejercicio de la protección de datos de las personas: el primero es el principio del consentimiento, que establece la ilicitud de los tratamientos de datos que no cuenten con el consentimiento libre, expreso e informado de su titular (art. 5.1). Este requisito también se aplica cuando se trata de operaciones de cesión de datos (art. 11.1). Sin embargo, este conjunto de garantías adolece de una gran debilidad: su no aplicabilidad a las actividades estatales. (…) En efecto, entre las excepciones a la regla del consentimiento, se encuentra el supuesto de que la cesión de datos se realice entre “dependencias de los órganos del Estado en forma directa, en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias” (art. 11.3.C)”, afirman en el documento publicado en su página web.
? Trabajadores de la ANSES contra la entrega de datos: “Llamamos al gobierno a la reflexión”https://t.co/fBd3PTpL3Y pic.twitter.com/fW9BFrgNLB
— Diario BA (@diariodeBA) 28 de julio de 2016
En esta línea, la asociación sostiene que los resquicios y debilidades que existen en la ley son el agujero que encontró el oficialismo para anunciar la medida y llevarla a cabo: aunque no es “ilegal” su accionar, sí deja un manto de dudas en torno a su finalidad.
“Un análisis que enfoque de manera integral el sistema de protección de datos personales de nuestro país y lo vincule con la defensa y resguardo de otros derechos fundamentales debe tener en cuenta la existencia de otros principios que pueden servir de límites al accionar del Estado. En este sentido, si bien el Estado está eximido de cumplir con el principio del consentimiento, todavía debe respetar el principio de finalidad, que establece que los datos recolectados ‘no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención” (art. 4.3’, advirtieron.
“Así, resulta de dudosa justificación utilizar datos que fueron recogidos con la finalidad de ayudar a un buen funcionamiento del sistema de seguridad social, para actividades de comunicación de todo el accionar gubernamental. Por otro lado, debe evaluarse si la cesión no puede facilitar la futura realización de conductas que puedan poner en riesgo la salvaguarda de otros derechos constitucionales (como el derecho a la privacidad o a la intimidad, entre otros)”, remataron.
