Aunque la titular de Madres de Plaza de Mayo no está condenada por la causa “Sueños Compartidos”, Elisa Carrió pidió que tenga “prisión domiciliaria” como “los genocidas”.
“Ella pide de manera injusta y arbitraria que gente de 90 años siga presa muriendo en la cárcel, para personas que han sido genocidas. Pero eso trasciende la pena. Para Hebe, aunque haya robado mucho, los derechos humanos indican que por su edad debe tener prisión domiciliaria. Como deben tener las personas mayores que están juzgadas por los ’70 y se están muriendo en las cárceles. Tener a la gente muriendo en las cárceles es convertirse en genocida”, aseveró Elisa Carrió ante la prensa.
El intento de igualar las distintas situaciones y meter todo en la misma bolsa no sólo es peligroso sino que forma parte de una estrategia discursiva con horizontes de eficacia política real: igualar los casos de corrupción del kirchnerismo con los crímenes y delitos de lesa humanidad, así como desacreditar a los organismos de derechos humanos que estuvieron vinculados con el anterior gobierno y que tienen un rol activo en los juicios, para habilitar concesiones a las Fuerzas Armadas (FFAA) y sus condenados.
Según la ley de ejecución penal, los jueces pueden – aunque no están obligados – disponer la prisión domiciliaria “cuando el interno tiene más de 70 años, o si tiene una enfermedad terminal, o cuando la privación de libertad le impide un tratamiento adecuado”.
Sin embargo, son varios los magistrados que tras evaluar el cuadro real de salud de los detenidos, han ponderado los riesgos de fuga y entorpecimiento de las causas para negar la prisión domiciliaria.
Los datos sostienen este tipo de decisiones: hay decenas de prófugos en causas de lesa humanidad; muchos de los cuales escaparon del Hospital Militar o violaron la domiciliaria.
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Desde hace tiempo, distintos organismos que pertenecen al movimiento de DDHH vienen señalando que el número de beneficiados con domiciliaria viene creciendo: hoy ya es del 41 por ciento.
¿Entonces por qué los reclamos tan airados de grupos pro-militares y estas declaraciones de funcionarios de peso del gobierno? Como sostuvieron en un editorial publicado en el diario “La Nación” hace algunos días atrás, no son pocos los sectores que creen que la relación de fuerzas les es favorable tras la asunción de Mauricio Macri a fines del 2015.
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El desfile militar del “Bicentenario” también parece haber envalentonado a quienes esgrimen viejas grillas de lectura para justificar los crímenes de lesa humanidad y una “reactivación” de las FFAA: no son pocos los que alegan “discriminación” y “tratamiento asimétrico”.
La memoria, en tanto construcción social, siempre susceptible de reconfigurarse y teñirse de nuevos significados, nuevas lecturas del pasado y reactualizaciones, está más en disputa que nunca.
