Detrás las disputas por las cifras de desaparecidos durante la última dictadura cívico militar se esconde una pelea mayor por el monopolio de la grilla de lectura del pasado reciente.
“No sé si fueron 30 mil o 9 mil, es una discusión en la que no voy a entrar”, aseguró el presidente Mauricio Macri en una entrevista en vivo para “BuzzFeed”, un medio norteamericano. “Si son los que están anotados en un muro o son muchos más. Es una discusión que no tiene sentido”.
El primer mandatario argentino ensayó esa respuesta luego de que le preguntaran si habían sido 30.000 los desaparecidos durante la última dictadura cívico militar.
Si te perdiste nuestra entrevista en vivo con el presidente @mauriciomacri puedes ver el vídeo completo aquí: https://t.co/3PKVFqYmLT
— BuzzFeed en español (@BuzzFeedEspanol) 10 de agosto de 2016
Para colmo, ni siquiera dudó a la hora de utilizar ciertos términos “castrenses” para referirse al pasado reciente: Macri habló de “guerra sucia” para referirse a las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad.
“Desde acá voy por el foco de que se respeten los derechos humanos. La guerra sucia fue una tragedia horrible. Fue lo peor que nos pasó en nuestra historia pero no pasa sólo por un número”, señaló ante las reiteradas preguntas de la periodista. “Es importante saber lo que pasó pero no creo en la forma en que se condujo el gobierno anterior, donde interfirió y presionó a la Justicia”, agregó sobre los juicios de lesa humanidad.
Sobre las críticas que recibió por parte de Hebe de Bonafini, Macri apuntó: “Está involucrada en hechos de corrupción claves y todos somos iguales ante la Justicia. Hace rato que no le contesto a ella porque está desquiciada”.
? De Lopérfido a Tecnópolis: la disputa por la memoria y los 30.000 desaparecidoshttps://t.co/2l85Vl0pFZ pic.twitter.com/wlldEa7EuJ
— Diario BA (@diariodeBA) 22 de julio de 2016
Movilizaciones, reproches, denuncias de organizaciones sociales y derechos humanos, repudios públicos en distintos actos y ámbitos: todo ese rechazo, constante durante meses, alcanzó el objetivo de que Darío Lopérfido, ahora ex titular del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, deje su cargo.
A principios de año, el por entonces funcionario porteño aseveró sin pelos en la lengua: “En la Argentina no hubo 30 mil desaparecidos: esa cifra se arregló en una mesa cerrada para conseguir subsdidios”
“La ofensa que hizo Lopérfido afecta a todo el pueblo porque nos trata de mentirosos y de negociadores de la muerte de nuestros hijos”, reiteró en distintas oportunidades Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo.
? “La Nación” y sus editoriales castrenses: no hablan de dictadura sino de “guerra interna”https://t.co/OwMGl25YyJ pic.twitter.com/oHvzzsHJQL
— Diario BA (@diariodeBA) 2 de agosto de 2016
Cuando la “herida” parecía comenzar a suturarse con su salida del gobierno, la reapertura de Tecnópolis volvió a confirmar que el tema estaba lejos de ser un “error” o “excepción”: ante la nueva correlación de fuerzas políticas que atraviesa a la sociedad, la disputa en torno a la memoria sobre el pasado reciente vuelve a estar en los primeros planos.
En la nueva edición de la feria se eliminó toda referencia al rol y la importancia de los organismos de Derechos Humanos: no fueron convocados para participar en el “Espacio Para la Memoria” y, en su lugar, pusieron la muestra de los 280 días de la CONADEP, organizada por la “Fundación LED”.
“La CONADEP registró denuncias que le permitieron establecer información comprobable de 8.960 casos de desaparecidos”, puede leerse en uno de los paneles de esta muestra. Es importante subrayar que esa frase representa la única mención a las víctimas del terrorismo de Estado.
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En torno al proceso de “Memoria, Verdad y Justicia” por los delitos de lesa humanidad, los expertos del Comité de DDHH de las Naciones Unidas (ONU) expresaron preocupación en varias oportunidades por la continuidad del proceso en general y por el desmantelamiento de áreas importantes del Poder Ejecutivo que lo apoyaban en particular.
Los integrantes de la delegación argentina sostuvieron que este trabajo no será afectado y ratificaron que el proceso de verdad y justicia es una política de Estado. Sin embargo, “no respondieron a las preguntas sobre la falta de conformación de la comisión bicameral que debe investigar la complicidad económica y sobre el compromiso del Estado con el avance de las causas judiciales que involucran a empresarios”.
