Obras mal hechas, pedidos de la Corte Suprema, investigaciones por corrupción y promesas incumplidas: un año perdido en la recuperación de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Primero fue la lucha entre los distintos signos políticos que gobernaban la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires y luego fueron las diferencias e internas políticas entre el mismo staff de “Cambiemos”: todo ello contribuyó a que el proyecto y las obras para sanear las aguas del Riachuelo queden prácticamente paralizadas en todo el 2016.
Hace poco más de un mes atrás, la Corte Suprema de Justicia fue la encargada de prender una vez más las luces de alerta en torno al trabajo de la ACUMAR: instaron a que se nombre un Defensor del Pueblo de la Nación ya que el cargo está vacante y sin adjunto desde 2013.
La reacción de las autoridades estuvo lejos de ser la esperada en funcionarios públicos: el director ejecutivo Julio Torti ni siquiera se presentó ante los magistrados y sólo concurrió la directora operativa Gabriela Seijo.
Para cerrar un año “negro”, y según denunciaron desde Letra P”, poco más de 200 personas concurrieron el último sábado a una fiesta “para celebrar los 50 años de Jorge Urrutigoity, titular del área de Coordinación de Servicios Auxiliares del Acumar, que depende del ministro de Ambiente, Sergio Bergman”.
El problema, no obstante, radica en la utilización de fondos públicos para el evento privado que tuvo lugar en Canning: “Muchos recursos del Estado fueron puestos a disposición de la fiesta, como autos, camionetas, distintos muebles del organismo y hasta dispensers de agua”, advirtieron desde el portal de noticias.
Las expectativas de las distintas organizaciones sociales y ambientales ante el hecho de que por primera vez que las tres jurisdicciones que conforman la ACUMAR respondieran a un mismo color político quedaron truncas: el 20% del presupuesto ejecutado en lo que va del 2016 es una fiel muestra de ello.
