A través del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se conoció las consideraciones de la ONU en torno a la situación de poblaciones vulnerables en el país.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (Comité CERD) expresó su preocupación por la situación de desnutrición de los niños de los pueblos originarios y sus dificultades en el acceso al agua.
En esta línea, “exigió la garantía de los derechos territoriales de las comunidades y la plena implementación de la Ley 26.160”, destacando que “en las seis provincias donde se realizó el proceso de relevamiento de tierras no se concretó el reconocimiento de la propiedad comunitaria”.
Asimismo, cuestionó, “el alto número de desalojos y ‘los incidentes con alto nivel de violencia contra las comunidades indígenas’, especialmente contra las comunidades Nam Qom y ‘La Primavera’ de Formosa”; instando también a que el Estado cumpla con la Asociación Lhaka Honhat de Salta y concluya “la demarcación del territorio” para “entregar el título colectivo a favor de las comunidades y asistir a las familias criollas en su relocalización”.
Política migratoria: La ONU cuestionó el aumento de las órdenes de expulsión de migrantes en la Argentinahttps://t.co/OahWVGQWxG pic.twitter.com/QWmnFWfjnx
— CELS (@CELS_Argentina) 14 de diciembre de 2016
Por último, “cuestionó los deficientes mecanismos de consulta para obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas respecto de los proyectos de infraestructura y explotación de recursos naturales y las medidas que podrían afectar sus modos de vida”.
Los derechos de las personas migrantes también tuvieron su apartado: pese a que se destacó la “avanzada legislación argentina en materia de migración”, el Comité CERD cuestionó “el recorte de las políticas de regularización durante 2016, el aumento de las órdenes de expulsión y la creación de un centro de detención para migrantes que podría dar lugar a que ‘la detención no sea usada como última opción’; pidiendo que el Estado argentino se abstenga de introducir ‘prácticas y normas que representen un retroceso frente al marco normativo vigente’ y cuestionando “las restricciones en el acceso a derechos sociales de las personas migrantes”.
En el último punto, condenaron la discriminación que enfrentan estas poblaciones en la Argentina, “en particular las comunidades senegalesas y dominicanas”. Se destacó la necesidad de “avanzar en la investigación del asesinato de Massar Ba” y urgió al gobierno a que asegure “el respeto a los derechos fundamentales y las garantías al debido proceso en los juicios” contra los distintos referentes, cuestionando en especial la criminalización que enfrentan Félix Díaz y Milagro Sala y pidiendo que se implemente la decisión del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU.
