Luego de tomar el edificio durante los últimos dos días del 2016, los trabajadores se fueron ante la certeza de que se abría una instancia de diálogo: la sede amaneció vallada y custodiada.

La cesantía de 3.000 trabajadores fue un baldazo de agua fría en otro fin de año agitado para el sector público: echaron a 2600 tutores y 400 asistentes técnicos y de planta transitoria del Ministerio de Educación.

Este último jueves, alrededor de 500 personas se movilizaron al Palacio Pizzurno para reclamar por la reincorporación de los mismos y, ante la falta de respuestas gubernamentales, decidieron tomar la sede de la cartera que dirige Esteban Bullrich. El viernes la situación siguió en la misma sintonía: “Al despedir a los trabajadores, también se avanza en el vaciamiento de programas y políticas públicas que garantizan derechos establecidos en la Ley Nacional de Educación, la Ley de Salud Sexual Integral, de Seguridad Vial, entre muchas otras”.

Sin embargo, las negociaciones de último momento y la promesa de una mesa de diálogo entre la cartera que dirige Esteban Bullrich y los gremios lograron desactivar momentáneamente la protesta y levantar la toma.

Este lunes, sin embargo, las cosas no se dieron tal cual se habían pactado: en vez de comenzar a dialogar para reincorporar a los trabajadores despedidos, las sedes del Ministerio de Educación amanecieron valladas y colmadas de efectivos policiales en los ingresos. Para entrar a los edificios, sí o sí hay que pasar entre medio de dos filas de policías.

“La contestación al diálogo es más violencia institucional. Al hostigamiento y la persecución ahora le suman la policía. Es doblemente violento: primero te despiden y después te ponen al verdugo en la puerta. Todas las sedes están valladas para impedir que nos reunamos, pero no hay nada más democrático que los trabajadores podamos hacer asamblea”, señaló Rodrigo Recalde, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), a Página|12.

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